Tal y como se podía predecir con facilidad, las acusaciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón contra Prensa Libre y Guatevisión, sumadas a la defensa que institucionalmente asumió esta corporación, desataron críticas e intentos de descalificar nuestra función como medios de comunicación, pero tampoco se debe descartar su aprovechamiento.

No se podía esperar menos porque la mayoría de comentarios negativos provienen de personajes oscuros, vinculados de alguna manera con la cadena de descubrimientos hechos por el Ministerio Público y la Cicig en torno a los más vergonzosos escándalos de corrupción.

Al ser víctimas de una acusación directa y en su defensa, Prensa Libre y Guatevisión expresaron que Monzón mintió al atribuirse la capacidad de influir en la línea informativa y editorial a través de personajes sin injerencia alguna en la cotidiana tarea de definir y ejecutar a ambas acciones. Esa mentira no convierte en tal a todo lo dicho.

Sin duda, los críticos —muchos de ellos innombrables por su nefasta trayectoria histórica respecto de la ley y la democracia— respiran por la herida que les causó nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción, traducida esta en el esfuerzo cotidiano orientado a informar con balance y estimular la investigación independiente de los escandalosos casos salidos a luz desde mayo del 2015, cuando comenzó el derrumbe del gobierno patriotista, y que aumentan.

Esa es la constancia de nuestro trabajo y compromiso con la verdad y la justicia, porque a pesar de que en el proceso han aparecido personajes de sectores influyentes y hasta algunos amigos de esta corporación, se ha cumplido con el deber de informar en las noticias, donde jamás se ha señalado a nadie de culpable o inocente. Nuestra opinión institucional se refleja en los editoriales, como debe ser.

Los medios periodísticos solo son vehículos entre los protagonistas de las noticias y el público. No son jueces, fiscales ni abogados. Pueden opinar sobre las informaciones que una fuente responsable emite. Y cuando lo hacen no emiten sentencia alguna ni provocando deliberadamente daño malintencionado o accidental a los acusados por quienes conducen las investigaciones o ventilan los casos. Es fácil entenderlo, pero quienes tienen malas intenciones fingen no hacerlo.

La prensa no debe asumir la defensa oficiosa de aquellos a quienes la ley persigue, primero porque no es la función de la actividad periodística informativa y, segundo, porque no tiene la totalidad de los medios de prueba a los que solo los mecanismos de investigación legalmente establecidos pueden acceder.

Los medios tienen, eso sí, la obligación y el derecho de desmentir afirmaciones como las del colaborador eficaz Monzón, quien habla de un poder solo existente en su imaginación sobre estas instituciones periodísticas. Cuando en este espacio se dice que el colaborador eficaz miente, es porque nos consta.

De todos modos, es válido admitir que las críticas contra nuestra posición son válidas dentro del principio del derecho de expresión. Pueden estas pueden originarse de personajes oscuros y ampliamente conocidos en el país por sus acciones, mas esas características de impresentables no les impiden tener el derecho de opinar. De todos modos no cambiarán la realidad de los hechos en que están implicados y sobre los cuales continuaremos informando por el interés de lectores y televidentes.