El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remitió el miércoles a la Cámara de Diputados de ese país una iniciativa para derogar la reforma educativa impuesta a los mexicanos por el Gobierno anterior, presidido por el licenciado Enrique Peña Nieto, por presiones bajo el aspecto de recomendaciones del Banco Mundial.

Se trata de la misma reforma educativa impuesta a Guatemala y a otros países que los Gobiernos, obedientes y no deliberantes, se apresuraron a cumplir sin hacer objeciones de ninguna naturaleza.

El procedimiento utilizado fue la firma de acuerdos entre el Banco Mundial y varios Gobiernos latinoamericanos sin tomar en cuenta, en casi todos los casos, a ministros de Educación que, como siempre, han sido marginados, papelón que aceptan humildemente.

Las mayores protestas populares contra tal reforma educativa se han producido en Paraguay. En ese país el acuerdo fue firmado, no por el ministro de Educación, sino por el de Finanzas en representación de su Gobierno.

Una de las cláusulas del acuerdo tipo contiene una disposición que parece increíble, pero ahí está para verla, tocarla y examinarla. Establece que el Banco Mundial es el encargado “de efectuar los estudios de la reforma para emitir informes periódicos acerca de los resultados de los planes educativos”.

También se cede al Banco Mundial la potestad de hacer recomendaciones para cambiar las leyes orgánicas de los ministerios de educación.

Ya ni siquiera esa función, formalmente básica, dejan a los ministros de educación, y estos, en algunos casos, se adaptan a los procedimientos enlatados, callan, obedecen y acatan el dictado extranjero, venga de donde viniere.

Y luego surgen los pedagogos locales intentando justificar lo injustificable, so pretexto de que hay que modernizar la educación y no estancarse en las viejas normas educativas.

Los primeros pasos para implantar la reforma en Guatemala principiaron en diciembre de 1996, con la integración de una Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, bajo los términos del acuerdo gubernativo 262-97 aprobado el 20 de marzo de 1997.

Esa Comisión -según informe oficial del Ministerio de Educación, publicado en Internet[LM1]- trabajó permanentemente y, finalmente, presentó “el Diseño de Reforma Educativa” en julio de 1998 y entre las frases vacías de la literatura oficial de la reforma figuran estas:

“La Reforma Educativa es un proceso político, cultural, técnico y científico que se desarrolla de manera integral, gradual y permanente e implica transformaciones profundas del Sistema Educativo, de la sociedad y del Estado.”

Bueno, pues han transcurrido más de diez años desde entonces y no se mira nada que parezca una “transformación profunda” del Estado, ni de la sociedad ni del sistema educativo.

Por el contrario, en materia de educación todo está peor. Véase el titular de primera plana del diario Prensa Libre, en su edición de ayer. Dice: “Reprobados en examen global de educación. Prueba Pisa D evidencia rezagos de la enseñanza en Guatemala”.

Y en el texto de la información anterior se lee: “El 90% de estudiantes de 15 años no logra el nivel básico de conocimientos”. Añade ese documento que el Gobierno de Guatemala “invierte mucho menos en educación que otros países alrededor del mundo”, lo cual explica los resultados deplorables en el desarrollo de la educación en nuestro país.

Y no se pueden esperar mejores resultados mientras el Ministerio de Educación sigua siendo un recodo de la política partidista, improductiva y en algunos aspectos tóxica.