Las empresas privadas exitosas lo son porque además de eficaces son eficientes. En cualquier negocio, los beneficios económicos, producto de una buena gestión empresarial, constituyen el principal estimulo para continuar. Sin son escasos, reducen el interés; las perdidas lo hacen insostenible; no proveer un buen servicio —bien recibido por los consumidores— o no hacerlo al mejor precio posible, hace que el negocio quiebre inevitablemente en el corto plazo.

La gestión de lo público —contrariamente a lo privado— no genera normalmente utilidades. El burócrata gestor —independientemente de la gestión que haga— no cuenta con el aliciente de ganar más porque tiene un salario predeterminado y, consecuentemente, la búsqueda de la eficiencia no suele estar entre sus objetivos. Respecto a la eficacia —caso de un servicio público monopólico— puede que tampoco la persiga ya que el cliente (ciudadano) deberá necesariamente que remitirse al único servicio existente: el estatal. La Usac o el IGSS son ejemplos nacionales que muestran lo dicho.

Entre las dos opciones citadas, existe un modelo intermedio: la gestión publico-privada, en la que el Estado privatiza o, junto con la empresa, gestiona diferentes partes de un todo. En esos casos se concesionan ciertos servicios a lo privado y se dejan otros a lo público.

Además de la rentabilidad económica, puede haber, en ambos sectores, otras motivaciones: voluntad de servicio, cumplimiento del trabajo, satisfacción propia e incluso ascensos o mejoras. En la medida que se exige y los estímulos se incrementan se puede hablar, en el sector público, de funcionario más competente, dedicado, probo, etc., aunque nunca existirá el ánimo de lucro y el reparto de beneficio que siempre es un horizonte superior en el negocio privado. Ese inexistente objetivo en lo público —el lucro— es una diferencia sustantiva que hace que la gestión tienda a ser siempre mejor —al tener más alicientes— en lo privado y que un restaurante, un hospital, un servicio de transporte, etc., gestionado privadamente sea sustancialmente mejor que uno público, la experiencia lo demuestra y es un hecho generalizado con escasas excepciones.

Por tanto, la discusión sobre privatización —o concesión— de ciertos servicios debería partir de ese marco conceptual perceptible y buscar permanentemente la reducción de costos y la mejora de la calidad. Una línea aérea nacional, por ejemplo, suele tener un precio fijo y una atención que difícilmente mejora si no hay competencia o se gestiona de forma privada; el servicio público de transporte, entre otros, tiene perdidas por la inexistente gestión económica y se presta sin ajustarlo al costo real. La privatización o la concesión —no la mercantilización— de ciertos sectores consigue siempre reducir precios e incrementar la calidad, de lo contrario deberán cerrar por ser mejor la competencia. Sostener conceptualmente otro argumento es apoyarlo en una ciega base ideología sin racionalidad ni cálculo económico.

Muchos estatistas convencidos citan ejemplos de servicios públicos que “funcionan” en países desarrollados, y llevan razón. Son eficaces porque satisfacen la demanda ciudadana, pero en modo alguno está demostrado —porque no hay estudios— que sean eficientes, es decir se presten el mínimo costo. El motivo: no hay gestión económica con ánimo de lucro y de esa forma nadie gestiona de forma que se mejoren los números fiscales ni muchos menos la demanda ciudadana.

Ahora que el debate se reactiva, piense en todo esto antes de decidir ciegamente. Podemos seguir con servicios públicos de tercera o dar un paso gigantesco, pero no alegar ignorancia de cómo se pueden mejorar las cosas.