Como si estuviésemos suspendidos en una dimensión del espacio/tiempo —puedo predecir que en el próximo paro nacional anunciado por CODECA y asociados— las mantas dirán, palabras más, palabras menos- exactamente lo mismo que hace 7 años, cuando escribí sobre el tema. Pronostico que será un copy paste del mismo análisis publicado en aquellas columnas sobre “La Inversión en el Día del Trabajo”, y “la Demonización de las Hidroeléctricas” entre otros temas que desde aquellos días siguen repitiendo.

Es una repetición en la misma ruta de colisión para cambiar el sistema republicano como lo conocemos —ya de por sí— seriamente afectado al haberse debilitado el “imperio de la ley” (the rule of law), el debido proceso y la certeza del castigo, derivados ambos de un verdadero Estado de Derecho con capacidad para gobernar y administrar justicia pronta y cumplida al utilizar en forma correcta y legal el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza para enviar la señal inequívoca que el crimen no paga y el delito no queda impune. Todo lo contrario de lo que está pasando: No hay consecuencias. No se ejercita el poder coercitivo de la ley. Se violan las garantías constitucionales de la propiedad, la vida, la libre locomoción y el derecho al trabajo, impunemente.

Es innegable que hay demandas y reivindicaciones de diversos grupos de ciudadanos organizados que deben ser atendidas, discutidas, dialogas y negociadas. La discrepancia siempre se estrella contra la incapacidad del sistema de procesarlas adecuadamente. Sea por la falta de operadores políticos idóneos preparados —y ante todo— capaces de poder discernir lo factible de lo quimérico, como demandar la privatización de la energía eléctrica, o plantarse frente a empresas mineras, invadir empresas agroindustriales o hidroeléctricas, destruir propiedad privada, amedrentar y amenazar a los vecinos que no les siguen el juego a grupos radicales violentos. Y ahora la más absurda y extremista: Demandar la renuncia del Presidente de la República.

Existen analistas progres con la reiterada cantaleta que estas acciones son la única opción que disponen “estos grupos” de ser atendidos en sus reivindicaciones y demandas. Ojo que no digo “el pueblo”, pues este liderazgo contestatario tiene en realidad una representatividad ciudadana limitada, pero con mucha capacidad de financiamiento y movilización.

El problema es cuando se planifica el caos para generar vacíos de poder y agendas radicales. En el caso de la demonización de las hidroeléctricas, cuyo desarrollo es estratégico para Guatemala, paralizar su crecimiento tiene un costo de país de larguísimo horizonte. Por cada 100MW de proyectos hidroeléctricos que se suspendan, se genera una pérdida acumulada en la economía de cerca de Q7,800 millones, el aumento del 400% de la tarifa electrica y la pérdida de 65,000 empleos. Estos son datos reales, no demagogia politiquera.

Preocupa que el único sustento de sobrevivencia política que les queda a estos grupos radicales sea la demonización de temas con alto potencial de manipulación: Agua, tierra, montañas, los elementos claves de la sobrevivencia campesina. Esos son los temas con poder convocatoria y movilización, y por ello los “trabajan” con asidua y rigurosa dedicación a 100 quetzales el día con las donaciones nórdicas y los 130 millones provenientes del robo y venta de energía. Con este financiamiento estos grupos internos y externos han ganado cabezas de playa hasta en el propio Gobierno.

Hago mía la petición de sensatez y prudencia a los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El amparo definitivo se traería abajo a todo el sector hidroeléctrico. Estamos antes las puertas de una verdadera debacle económica que al final del túnel le caería encima a los más pobres.

El futuro de Guatemala está en juego.

alfredkalt@gmail.com