Ante un Estado débil no bastan las buenas intenciones para alcanzar las metas de proyectos, tal el caso del Plan Puebla-Panamá (PPP), firmado por los presidentes de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Entre sus objetivos está fortalecer la integración regional e impulsar proyectos de desarrollo social y económico, a fin de elevar el nivel de vida de los habitantes de la región, generar empleo y modernizar la infraestructura para facilitar los procesos de unificación. Contempla dos estrategias: a) Desarrollo humano y su entorno y b) Desarrollo económico y competitividad. Los presidentes se comprometieron a impulsar ocho iniciativas: Desarrollo Humano, México; Promoción del Turismo, Belice; Integración de los servicios de telecomunicaciones, El Salvador; Facilitación de intercambio comercial y Aumento de la Competitividad, Honduras; Desarrollo sostenible, Nicaragua; Integración vial, Costa Rica; Prevención y mitigación de desastres naturales, Panamá; Interconexión energética, Guatemala.

El Plan responde a la estrategia de expansión del capital, según la globalización neoliberal, que busca implantar un Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), propuesta de EE. UU., tendente a la reducción de barreras arancelarias e inversión en 34 países. En 2005, un movimiento integrado por gobiernos, sindicatos y organizaciones sociales paralizó su puesta en marcha durante la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata.

Ese proyecto geopolítico busca crear servicios e infraestructura según el interés de empresas transnacionales, grupos oligárquicos nacionales y organismos financieros internacionales, incompatibles con la soberanía de los países parte y los derechos de sus pueblos, pues carece de mecanismos de participación social que impiden participar en la toma de decisiones. Su modelo económico contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la mayoría de países. Tiende a que se mantengan las relaciones de dependencia y subdesarrollo, sometiendo a nuestros pueblos a un modelo de desarrollo regional basado en las maquiladoras. Promueve la construcción de obras de infraestructura que tendrán consecuencias desastrosas, como la destrucción de bosques, expulsión de población indígena y campesina de sus tierras.

A Guatemala le corresponde la Interconexión energética, proyecto que postula reducir el costo de la electricidad para los usuarios finales y mejorar la competitividad de las empresas. Aparentemente ese postulado cambió. Ahora el interés es vender energía eléctrica a nuestros vecinos, negocio a cargo de particulares, a quienes el Estado graciosamente concedió el territorio y los beneficios que de eso se derivan. La empresa Trecsa tiene a su cargo instalar 850 kilómetros de tendido, construir 12 subestaciones y ampliar 12 existentes en 15 departamentos, 77 municipios y 340 comunidades.

Los vecinos organizados en Sacatepéquez, en donde tienen proyectado colocar las torres que soportarán el cableado, se oponen, pues pretenden talar árboles en una franja de 30 metros de ancho por 5 kilómetros de largo. Esa deforestación pone en riesgo la recarga hídrica del territorio y la conservación de las fuentes de agua. Con prepotencia y malsana intención, la empresa ha tratado de desarticular la unión comunitaria aglutinada en la Coordinadora de Comunidades afectadas por ese proyecto. Desde 2013 participan Guardianes de los Bosques, 38 Cocodes, 23 alcaldes auxiliares y redes sociales.

A ese esfuerzo se han sumado organizaciones cívicas antigüeñas que exigen a sus autoridades defender el territorio en contra de intereses particulares.