Casi desde el momento mismo (14 de diciembre de 2005) de sustituir la cédula de vecindad por el Documento Personal de Identificación surgieron problemas, algunos de los cuales, a la fecha, no han sido resueltos satisfactoriamente lo que causa problemas a mucha gente.

El primer problema legal consistió en dos amparos interpuestos por varios diputados para que fuese prorrogado el plazo de sustitución de la cédula por el DPI. La Corte de Constitucionalidad emitió resoluciones contrarias a los intereses de los diputados.

Posteriormente brotaría como hongo el problema que se llama “falta de fondos” del Gobierno y que sirve de excusa para justificar por qué no hace el Estado lo que debe hacer.

El Registro Nacional de las Personas, hasta hoy, no ha podido extender el DPI a menores de edad y la razón de ese incumplimiento es que “no cuenta con fondos para eso” —algo que sin duda es cierto— lo cual es un problema enorme a la vista del robo o venta de niños para su exportación al extranjero y cuyo paradero al Estado no le interesa aclarar.

Los menores son identificados con la partida de nacimiento, documento más fácil de falsificar que la cédula de vecindad. Recuérdese cómo el gánster estadounidense Carlos Marcelo fue identificado con una partida de nacimiento falsa, asentada en el registro civil de un municipio cercano a la capital y que lo identificaba como pariente del ministro de Gobernación de ese entonces. Y hoy en día cientos de miles de ciudadanos no poseen el DPI porque el Renap no ha podido resolver la carencia de tarjetas para uso de quienes han cumplido dieciocho años y reponer las tarjetas perdidas o robadas.

Oficialmente el Renap informó el 2 de este mes que cerca de medio millón de personas no tiene el famoso documento y por lo tanto —esto no lo dice el Renap— esas personas están condenadas a no poder ejercitar algunos de sus vitales derechos civiles y políticos.

Pero ¿es nueva esa situación? No. Es una incapacidad institucional recurrente. En 2017 las autoridades de Renap admitieron que había 600,000 tarjetas sin imprimir.

El directorio de Renap es un ente oficial que posee la mejor capacidad de gestión por estar integrado con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, un representante del Congreso de la República y el ministro de Gobernación.

En otras palabras, en el Renap está todo el poder político de la Nación, el que dispone cómo recaudar y gastar el dinero de los contribuyentes más los ingresos extraordinarios.

¿Cómo justificar entonces, eso de que al Renap no le entregan suficiente dinero?

La idea de un posible fraude —falta probarlo— nace con el reciente censo general de población. Los encuestadores tocaban a la puerta de una vivienda, pedían el nombre del jefe de familia, el de la esposa, los de los hijos y hasta allí todo es explicable. Pero, además, pedían el número del DPI de cada persona, los nombres completos de todos los habitantes del inmueble y los números telefónicos. ¿Para qué esos últimos datos?

Ahora los guatemaltecos han quedado identificados en los listados del censo y ¿recibirán tarjetas preferentemente los que figuren como afiliados a determinados partidos?

Lo del fraude electoral es una fantasía negra. No me lo creo. Pero, en Guatemala hay fantasías increíbles, que se convierten en realidad. Algunas de ellas están siendo desveladas estos días en un tribunal de justicia de Nueva York, donde en un proceso por narcotráfico se ha mencionado a Guatemala y a algunos candidatos presidenciales.

Fantasía imposible de creer ¿verdad? Pero, ahí está. Es real.