El viejo sabio Winston Churchill ya olía el venenillo del “manejo mediático” y de la “agenda setting”, en aquellos tiempos en que la letra impresa y la radio eran los altoparlantes que formaban opinión. Siempre se supo que la opinión pública era una amalgama de noticias, opiniones y conjuros envuelta en un bolsón difuso y cambiante llamado la “opinión pública”.

De lo anterior, hizo una sentencia, que hasta la fecha es lapidaria: “No hay tal cosa como opinión pública. Solo hay opinión publicada”. Churchill vivía exactamente lo mismo que lo que acontece con el mass media estadounidense, en donde los medios le dedican espacio a ciertas noticias y a otras no, dependiendo de la coyuntura.

De este lado del río, con las capturas por el caso Infiernito (2005), encauzadas por la Cicig y el MP, se da un fenómeno parecido.

Este es mi análisis: Primero. Interpreto la acción del —¿excomisionado o comisionado?— Iván Velázquez metiendo un puñetazo en la mesa y gritando por Skype alto y claro: “¡aquí estoy!” Segundo. Creo que el timing lo es todo en este caso. Una Cicig debilitada, con un horizonte menguante esperando la finalización del período, súbitamente vuelve al estrellato encarcelando a un representante conocido del sector privado con un caso armado de “nuevos testimoniales”, y toda una carga de dudas razonables relativas a la custodia de las pruebas y análisis forenses y los antecedentes comprobados de manejos espurios de parte de la Cicig para armar casos.

Estas tres cosas: Timing, antecedentes de manipulación de pruebas-testigos y conveniencias políticas le restan credibilidad a la acusación. Me remito a las pruebas: En el caso Váldez Paiz, el colaborador eficaz Mario Luis Paz Mejía aceptó haber mentido en su declaración por orden de Luis Fernando Orozco de la Cicig. En el caso del juicio de Carlos Vielman en España se logró comprobar que el colaborador eficaz de la Cicig falseó su declaración. En el juicio de Sperisen, en Suiza, no se admitió como prueba la investigación del reputado periodista, Arnaud Bedat, quién entrevistó a la querellante adhesiva, María del Socorro Vásquez. En la videograbación como parte de la investigación por el mismo periodista, ella relata cómo la Cicig le ofreció dinero y confirma haber firmado un documento, en francés, sin haber entendido su contenido.

Hay demasiados demonios en el clóset de la Cicig. El documental que la Cicig publicó hace unos años sobre el caso Pavón involucrando a la cúpula empresarial y a otros sectores, de violar derechos humanos y estar involucrados en un plan gubernamental de “limpieza social”, comprueba un sesgo irremediable.

La tardía declaración, viniendo de la propia Cicig, autora intelectual y financista del documental, aunque lo contradice, no subsanó la bajeza de haberle puesto al alcance de millones de personas. Causó un daño irreparable a la honra de las personas aludidas y al país mismo. Y aun cuando en el comunicado de aquel entonces se percibe como un deseo de reparación atemporal o un lavado de manos a la Pilatos para no cargar con todo el peso de la culpa, nunca hubo disculpas públicas a Guatemala por la injuria incurrida.

Por el contrario, ahora en vez de enfocar todos sus recursos en investigar las atrocidades, violaciones, extorsiones y muertes que pasan en el Sistema Penitenciario Nacional, o las mafias de contrabando operando impunemente, o el robo de energía, o los grupos criminales operando las invasiones de fincas —todas, oigase bien, todas—, penetradas por cuerpos paralelos enquistados en el Estado, prefiere meter el puñetazo en la mesa y seguir una ruta de colisión con la Convención de Viena.

Intuyo que la final de este partido se jugará por Skype…

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