Desde la década de los sesenta, cuando se inició el conflicto armado, la destrucción de las fuentes de empleo ha venido siendo un tema de las organizaciones de la izquierda recalcitrante. En aquellos años, la guerrilla creo dos entes para lograr sus fines, un brazo campesino, que llevó el nombre de Comité de Unidad Campesina (CUC), nombre que conserva hasta la fecha, y el otro, un brazo laboral que se llamó Central Nacional de Trabajadores (CN)T, que después pasó a ser la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), que ahora se ha dividido en varias células, pero todas con el mismo objetivo.

El CUC continúa con la política de aquellos años, bloqueando carreteras, usurpando propiedad privada y paralizando cuanto proyecto productivo se le ocurra detener.

En aquellos años la CNT logró la paralización de importantes empresas con la consiguiente pérdida de miles de empleos y así aumentar los niveles de pobreza, importantes empresas textileras como Pamarco, Panamtex, Sindal, Iusa, empresas como Cavisa, Embotelladora Guatemalteca concesionaria de Coca Cola, Industria Papelera Centroamericana (Ipca), entre otras, fueron cerradas, algunas de ellas para siempre, como fue el caso de Iusa, que fue en realidad la única inversión japonesa de envergadura en el renglón industrial.

Lógicamente, muchas de esas empresas están funcionando, pero en otros países, donde se les ofreció seguridad jurídica y buenos incentivos fiscales.

Ahora las organizaciones en pro de destruir el empleo ya parecen no necesitar de acciones sindicales para que este desaparezca. Ahora su mejor aliado es la propia legislación del país, que ha logrado que empresas de importancia, alta tecnología y buenos salarios se vayan a otro lado. Vemos cómo Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador están recibiendo a inversionistas, mientras aquí seguimos sin respetar las reglas del juego. Hace años escribí una columna en la que comparaba invertir en Guatemala con un partido de futbol y que al medio tiempo se cambiaban las reglas y se convertía en un juego de futbol americano.

Aquí, muchas empresas se instalaron confiando en los incentivos fiscales y en el respeto de sus plazos, pero resulta que aquí a la mitad del periodo se cambian las reglas.

Hoy tenemos un nueva ley que regulará el funcionamiento de las zonas francas, el decreto 19-2016, el cual modifica totalmente el anterior decreto, el 65-89, que tenía exenciones para 21 productos y ahora lo aumentaron a 46, las exoneraciones son por cinco años y en El Salvador son por 60. Quizás es mucho, pero la realidad es que todos los países centroamericanos, lejos de complicar su normativa de zonas francas, la están flexibilizando y ofreciendo mejores condiciones.

La nueva ley es tan confusa que ahora ni la SAT ni el Mineco se atreven a aplicarla, pues está tan llena de contradicciones que todos temen que la decisión que tomen los puede afectar, y entonces optaron por la solución simplista, no operar en las zonas francas.

Honduras se llevó la ensambladora de partes electrónicas para la industria automotriz americana y europea, cinco mil empleos se perdieron gracias a que los constantes cambios en la normativa y en las leyes fiscales no ofrecen condiciones favorables.

A estos tropiezos se viene a sumar la pesadilla aduanera que cada día es más lenta y corrupta y no hay forma de controlarla. Si se aplica este decreto se perderán 67 mil empleos. ¿Qué será mejor? ¿Que coma el Estado o la gente?

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