A lo largo de nuestra historia, en especial desde que tenemos regímenes democráticos, popularmente electos, hemos visto cómo los grupos que pretenden alcanzar el poder, por vías no democráticos, han sido aceptados y hasta se les ha dado cuotas de poder.

Miembros de los diferentes grupos guerrilleros han ocupado importantes puestos en instituciones como Fonapaz, Segeplán, SAAS, PNC, MP, y otras dependencias del gobierno.

Estos grupos siguen cometiendo atropellos, bloqueos y otros actos delictivos, sin que se vea a un funcionario decidido a denunciarlos.

Veamos lo que sucedió recientemente en México, en una nota extraída de uno de los diarios más prestigiosos del vecino país, El Excélsior: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su grupo de ‘expertos’ buscan, a través de la descalificación, denostar las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de encubrir las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y su vínculo con el grupo delictivo de Los Rojos dentro de la Normal de Ayotzinapa, denunció el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C”.

“En conferencia de prensa, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C, aseguró que la experta Claudia Paz y Paz fue militante del grupo terrorista guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron también su padre y sus hermanos”.

Sin embargo, en Guatemala fue elevada a la más alta magistratura del Ministerio Público, fue nombrada fiscal general, con las ya conocidas acciones que permitieron a los desestabilizadores y criminales actuar con toda impunidad. Continúa la nota: “Destacó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están tan interesados en encubrir al ERPI, más incluso de lo que están en encubrir a López Obrador, porque ellos tienen una agenda ideológica y política pro-terrorista, y en particular dos de sus integrantes: Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz”.

“Agregó que Paz y Paz fue militante, a pesar de que lo ha negado, del grupo terrorista guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron también su padre y sus hermanos. Tras los Acuerdos de Paz de 1996, en teoría los grupos terroristas fueron disueltos, pero en la realidad siguieron existiendo para seguir con sus objetivos, pero por otros medios, incluyendo la infiltración de las instituciones públicas”.

Aquí, en Guatemala, Paz y Paz dejó un grupo de fiscales expertos en crear culpables y no en investigar a los responsables como sucede ahora en el caso de los militares capturados, donde todas las pruebas son fabricadas y como se demostró ayer en la audiencia, el cementerio a que se alude en el caso data de 1968, según planos cartográficos.

Ojalá que algún día nuestros encargados de la seguridad denunciaran a todos aquellos que corren a desprestigiar al país en esas cortes plagadas de izquierdistas, que jamás serán imparciales y objetivos en sus juicios.

El caso de Cobán se murió, y solo falta declararlo oficialmente. Ayer quedó demostrado en la audiencia.

Ningún peritaje de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) puede utilizarse en el juicio, ya que el supuesto “perito”, Freddy Peccerelli, adelantó opinión en una conferencia internacional en 2014, y eso es causal de recusación por adelantar criterio antes de que lo conociera un juez.

La fiscalía reconoció ante el juez todo lo anterior, y que no ha finalizado la investigación. A cuenta de que alguien va a suplantar al Inacif. Un llamado para los nuevos funcionarios: que no se dejen sorprender.