“La justicia está cooptada”, afirmó la magistrada Blanca Stalling frente a la comisión pesquisidora que elaborará el informe para que el pleno del Congreso decida si le retira o no el derecho de antejuicio para ser investigada por el Ministerio Público (MP).

La experimentada penalista, que dirigió por muchos años el Instituto de la Defensa Pública Penal, se refería a lo que ella entiende está sucediendo con las investigaciones que el MP y la Cicig están presentando contra diputados, magistrados, jueces y funcionarios de gobierno señalados en casos de corrupción por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, tráfico de influencias, entre los más recurrentes.

Sus argumentaciones coinciden con las de algunos sectores que ven en las actuaciones de la fiscalía y la Cicig una persecución política y, en el caso de esta última, una indebida intromisión en asuntos internos. Basta repasar algunas de las columnas publicadas en medios la última semana para encontrar una coincidencia argumentativa que llama, entre otras cosas, a poner un punto final a la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque “esta ha llegado demasiado lejos”.

Eso de la cooptación de la justicia es una realidad en este país; de eso no hay duda. La inconsistencia está en acusar a quienes buscan romperla de ser los responsables de provocarla. Viene bien en este momento recordar que la actual cooptación de la justicia es producto de una bien diseñada estrategia que copó la academia y el gremio de abogados, por la vía de un juego perverso de favores, nombramientos, plazas en instituciones públicas, y hasta becas en el extranjero. La lealtad hacia los “padrinos y madrinas” que negocian los listados de candidaturas que luego llegan al Congreso,se paga devolviendo “el favor” por la vía de las resoluciones. Y seguramente también, en muchos casos, a través del voto (en el Congreso o en la Corte Suprema) en los procesos de antejuicio.

El audio presentado por la exjueza Claudia Escobar donde Gudy Rivera le ofrecía la reelección como magistrada a cambio de una resolución o la confesión de la exvicepresidenta Baldetti respecto de que “la primera vez que se eligió una Corte (2004) lo hicimos alrededor de una cama”, dejan bien claro quiénes son los cooptadores (as).

Pero esto de la justicia cooptada no es nuevo. Se remonta a los años de la guerra, cuando los aparatos de inteligencia (para más señas, el Estado Mayor Presidencial y la G2) tomaron control del Organismo Judicial. Los funcionarios y abogados que en aquel momento no se plegaron engrosan hoy la lista de profesionales del Derecho exiliados, desaparecidos o asesinados.

Por eso no es coincidencia que muchos de los actores señalados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la guerra estén acusados en la actualidad de conformar redes criminales que, entre otras cosas, tomaron por asalto al Estado. Ahí tienen ustedes a Otto Pérez, oficial de inteligencia convertido en presidente; Juan de Dios Rodríguez, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto o Luis Mendizábal, por citar algunos ejemplos.

Los Ciacs nacieron en los años del conflicto y fueron mutando después de la apertura democrática y la firma de la paz, hasta convertirse en Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) que siguen haciendo lo que saben hacer mejor: delinquir de las más variadas formas y garantizar a través de la cooptación que la justicia nunca los alcance. Muy cierto resultó aquello de que la impunidad del pasado es la impunidad del presente y que la cooptación viene de las redes criminales y no de quienes las persiguen.