Apareció en mi puerta en estado de embarazo avanzado. No llegaba a medir ni siquiera 1.50 m de altura y tenía 10 años. A su lado, dos hermanitas menores, una de 8 y otra de 5 años. Todas abusadas de muchas maneras desde que entraron a la vida. Era el año 2014, justo cuando el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) sacaba las conocidas cifras: 74 mil madres menores de 18 años habían dado a luz ese año, según datos proporcionados por cinco hospitales públicos del país, y la mayoría de ellas, producto de una violación. Eso sumaba más de 200 al día.

El Osar dijo entonces que el 89% de ellas habían sido embarazadas por hombres de su entorno cercano, y que una tercera parte de ese 89% correspondía a los mismos padres biológicos. Nos imaginamos cuántas habían quedado fuera de las cifras oficiales, y la piel se nos erizó de solo pensarlo, porque dicen que las cifras oficiales ocultan un subregistro que puede ser hasta 30 veces mayor. Hoy, dos años más tarde, los datos de niñas y adolescentes entre 10 y 18 años que tuvieron bebés, fue de 21 mil 109, solo de enero a marzo. Con datos como estos, y con evidencias diarias que me confirman que son reales, la celebración del Día de la Madre me llegó de nuevo con emociones encontradas.

¿Cómo se forja un país si quienes dan la vida ni siquiera han tenido vida para sí mismas? ¿Qué les enseñarán a sus hijos e hijas quienes no han tenido nunca la oportunidad de educarse y ni siquiera tienen un documento de identificación que las nombre? ¿Cómo reaccionarán esas jóvenes madres a la maternidad y todos sus desafíos, cuando ni siquiera su sistema nervioso ha terminado de formarse? ¿Cuántos guatemaltecos y guatemaltecas han nacido siendo rechazados porque la madre fue violada y nunca los quiso? ¿Cómo se desaprende el rechazo? Y ojalá habláramos de una generación que constituye la excepción entre muchas otras, pero la historia, cuando nos ponemos serios, aporta datos incuestionables: la normalización de la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y las mujeres es un hecho incuestionable, y hay familias donde dos, tres y hasta cuatro generaciones de mujeres han sido violadas y, por ello, se han convertido en madres a muy temprana edad. La mayoría a la fuerza. Por eso yo les llamo maternidades impuestas.

Hay un orden que manda para esto un silencio social acordado tácitamente y culpa para las víctimas de abuso. A mí, que las veo cada día, este orden me parece de una perversidad sin límites. Ninguna de las niñas que han sido violadas a quienes les he preguntado si han querido ser madres me ha dicho que sí, que lo hicieron por su gusto. Quizás una o dos que estaban ya en los 17 o 18 años, pero la mayoría de ellas no llega ni a identificar qué está sucediendo en sus cuerpos y sus vidas, sobre todo cuando son menores de 13 años.

Recién escuché a un funcionario público de alto rango decir que esto se suele dar entre poblaciones indígenas. Como si la violación no fuera una práctica cultural patriarcal, heredera del derecho de pernada aplicado por los terratenientes del Estado finquero en el siglo pasado. Como si no tuviera que ver con el abandono social de tantos excluidos de una vida digna. Como si la violación no fuera un mecanismo de dominación de un género sobre otro, sin importar dónde se ha nacido.

Desde muy pequeñas, las niñas son obligadas a ser-para-otros, lo cual no sería malo que todas y todos aprendiéramos desde muy temprano para ser más solidarios entre nosotros, pero estoy hablando de otra cosa: sus cuerpos son para limpiar, cocinar, lavar, servir y para ser usados y abusados por quien quiera, cuando quiera. A partir de cinco quetzales (menos de un dólar), son cuerpos a la venta. Y es que son los cuerpos más abandonados del abandono, y encima cargan con la culpa que les imponen las religiones que ni siquiera entienden. Son ellas las que cargan con el estigma, con una nueva vida, con la condena social y con el futuro truncado. Ningún país se levanta con dignidad sobre los cuerpos violados de sus niñas y mujeres.

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