El decomiso en el Mariscal Zavala de aparatos eléctricos, teléfonos y otras comodidades que son ilícitas en una prisión, evidencian la capacidad de algunos procesados por delitos diversos para corromper a las autoridades del sistema penitenciario y de la seguridad de esa instalación militar. Es un fenómeno no ajeno al sistema carcelario, pues a lo largo de los últimos 30 o 40 años ha quedado documentada la facilidad para que estando dentro de las rejas haya lujos, vicios y privilegios a la orden del mejor postor.

Hace unas tres semanas, por ejemplo, la Dirección General de Presidios informó que durante un registro no programado a la prisión de alto impacto, se decomisaron televisiones, hornos de microondas, refrigeradores y otros enseres que no podrían pasar ocultos ante los custodios a menos que haya una complicidad absurdamente obvia. Las autoridades se cuidaron de no informar en qué sector se hicieron los decomisos ni reportaron la apertura de nuevos procesos contra quienes tenían a su disposición exclusiva todas esas comodidades.

El domingo antepasado se produjo otra requisa y fueron encontrados licores, teléfonos y hasta una computadora; fueron consignados a los tribunales dos detenidos, pero nada ocurrirá porque el juez a cargo consideró que no había suficiente evidencia contra los imputados, uno de ellos a la espera de que se disponga su extradición. Una apertura a proceso posiblemente hubiera complicado ese trámite y de allí es sospechosa la facilidad con que se quería procesar en las cortes guatemaltecas.

Es importante señalar que en la prisión de Mariscal Zavala hay tres sectores. En uno, está detenido el expresidente Otto Pérez Molina; en otro, exoficiales del ejército, exfuncionarios, exdiputados y otros detenidos que enfrentan proceso por casos abiertos por la CICIG y el MP. En el tercero, están otros reclusos vinculados a los mismos casos pero que no fueron funcionarios. Con ellos hay narcotraficantes y otros acusados de cometer delitos graves contra la vida y la propiedad aún pendientes de juicio pero que por su trascendencia, no pueden permanecer en el centro de detención preventiva dado el riesgo que su vida corre allí.

En todo caso, vale la pena seguir cuestionando al sistema judicial y a las prisiones militares para casos de alto impacto, sobre la capacidad que tienen para hacer que se cumpla la ley sin excepciones. Los privilegios de los detenidos en todos los centros carcelarios están definidos por la ley y no deben tener la flexibilidad ni la discrecionalidad excesiva que hoy se le otorga de hecho a quienes dirigen el sistema o las prisiones pues eso es una de las fuentes principales de corrupción.

Los centros de detención preventiva tienen bajo custodia a sujetos que están en proceso. Ciertamente, aún no han sido declarados culpables, mas no por ello pueden infringir ni las normas establecidas. Sin duda este tema debe ser puesto en la mira de la CICIG y en la agenda del MP, pues se debe investigar a los funcionarios de presidios debido a las constantes quejas de sus abusos y esos señalamientos abarcan todos los niveles. Es innegable la necesidad de hacer un alto en el camino y observar los paradigmas del ámbito judicial. Las cárceles son un ejemplo claro e inocultable de la impunidad y corrupción imperantes en el país.