La Constitución Política, como todos saben, es el gran pacto social que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas. Nos permitió transitar del autoritarismo militarista propio de la contrainsurgencia a la democracia. Su contenido es valioso, si tan sólo fuera plenamente realidad.

Tener un pacto social es razón de alegría, porque en su observación y cumplimiento radica la posibilidad de vivir en paz, con cohesión social. Ella no está escrita en piedra, es, como su nombre lo indica, una Constitución Política y puede y debe ser modificada cuando las condiciones de convivencia lo requieran.

En los Acuerdos de Paz se acordó su reforma, pero lamentablemente se fracasó en el intento. Veinte años después volvemos al mismo tema, comprendiendo que es necesario hacerle algunas modificaciones para profundizar la democracia y fortalecer el Estado de derecho. Cualquier persona o institución seria reconoce que para lograr el indispensable fortalecimiento del sistema de justicia es ineludible modificar la Constitución. Y eso es algo que todos queremos. Por eso, el proceso de reforma constitucional debería producir, en términos sociales y políticos, un espacio de construcción de consenso en la definición del contenido a reformar. Se espera, por lo tanto, que discutir y acordar estas reformas sea una oportunidad para incrementar el consenso nacional alrededor del pacto social que nos rige.

Pero desafortunadamente la realidad es otra y este proceso de discusión de las reformas constitucionales ha creado un espacio para la confrontación y la polarización, al punto que, maniqueamente, se plantea, por parte de unos, que cuestionar cualquiera de los contenidos de las reformas propuestas equivale a estigmatizar a quienes lo plantean como defensores de la impunidad y de los poderes oscuros; mientras que, para otros, aceptar las reformas equivale casi a una traición a la patria, porque se tolera la intervención extranjera y, además, se abre camino a quién sabe qué proyectos “izquierdistas”, tal como ha sucedido en el sur del continente donde los gobiernos de esa corriente ideológica modificaron sus respectivas cartas magnas para impulsar sus proyectos revolucionarios.

O sea que un ejercicio de construcción de consensos se ha convertido en un ring de creación de antagonismos. Se pervierte así la posibilidad de modificar la constitución como un ejercicio para profundizar nuestra subjetividad en beneficio del acuerdo y la convivencia democrática. El resultado es incrementar la contradicción hasta casi el punto del odio.

Una de las consecuencias de este proceso pervertido podría ser el fracaso del intento por reformar la Constitución, ya sea porque los diputados terminen por no aprobarla o, habiéndola aprobado, que la consulta la rechace, tal como sucedió cuando se votaron negativamente las reformas provenientes de los Acuerdos de Paz.

¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Es posible rectificar el camino?

En primer lugar, hay que comprender que derrotar las reformas no debe identificarse con derrotar la CICIG, a la que se le atribuye, por varios, encarnar la odiosa intervención extranjera. Derrotar las reformas es cerrar la posibilidad de fortalecer el sistema de justicia para que pueda profundizarse la lucha contra la impunidad y se convierta esa tarea en sostenible.

Es apremiante que los actores confrontados retrocedan en su protagonismo polarizante. Deben hacer mutis. Es indispensable que liderazgos nacionales que hasta ahora no han sido bélicos adalides de los pros y los contras, tomen el liderazgo de este proceso. ¿Existen esos liderazgos?