Pese a que se suman voces y manifestaciones de descontento contra la corrupción, los únicos sectores que no se pronuncian al respecto ni dan muestras de enmienda o de buscar reencauzar el rumbo son aquellos vinculados con los más altos cargos de los organismos del Estado.

El pasado martes, representantes de los 40 cantones de Totonicapán presentaron en el Congreso un memorial con 20 mil firmas, en el cual solicitan la renuncia de los cuatro diputados por ese departamento, a quienes señalan de manifiesta incapacidad o de no respaldarlos en el desarrollo de infraestructura, educación o salud, y que además, según la denuncia, dichos representantes ya ni se acercan a la región.

Previamente, manifestaciones de repudio hacia la actual legislatura también se observaron en las cabeceras de San Marcos, Quetzaltenango y Alta Verapaz. En todos los casos, el silencio, la indiferencia y la obstinación han sido la respuesta de los diputados electos por esos departamentos, quienes ni siquiera han tenido el valor de darles la cara a sus representados.

Lejos de eso, muchos de ellos han persistido en impulsar proyectos polémicos, los cuales han sido rechazados por la población, como también lo ratificaron los representantes de las autoridades indígenas, quienes afirmaron en el Legislativo que no tolerarán la promulgación de leyes que pretendan criminalizar la protesta y amenazaron con salir a las calles si se les bloquea la posibilidad de protestar.

Como bien lo dijo el presidente de la directiva de los 48 cantones, Fidel Adalberto Esquin Baquiax, los diputados tienen claro que en varios departamentos ya no se les tolera y que aun cuando el proceso sea largo, las urnas serán la última opción para depurar ese organismo de muchos legisladores que se resisten a escuchar el clamor por la renovación, la transparencia y una mayor inclusión.

El pasado jueves, una nueva marcha de estudiantes y organizaciones populares se apostó frente al Congreso para exigir la renuncia de los 112 diputados involucrados en la promulgación de leyes en favor de la impunidad y del intento por modificar el Código Penal que habría beneficiado a miles de delincuentes, principalmente a las mafias de cuello blanco, y en respuesta cerraron el Congreso.

A este evento se han sumado otros en la dirección de promover cambios en Guatemala. Uno de ellos, la integración del Frente Parlamentario por la Transparencia y Democracia, un grupo todavía pequeño de diputados, que además hizo pública su declaración de bienes y ofrece denunciar cualquier pacto de corruptos.

El jueves por la noche, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, se reunió con representantes de la sociedad civil, funcionarios y sector privado para reiterarles que los “sueños de la Plaza del 2015 son alcanzables”, al tiempo que reconoció el valor de la población al no conformarse más con el silencio.

Ante este panorama, solo hace falta que el sector oficial, donde cualquier posibilidad de reforma parece quedar entrampada, se ponga en sintonía con los reclamos generalizados por desterrar la vieja política, pero también que preste atención a las caricias positivas que se le envían en aras del cambio.