Una magistrada, la licenciada Delia Dávila Salazar, por algún ofrecimiento o presión, revivió el caso del resarcimiento por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy y ahora resulta que los guatemaltecos, de nuestros impuestos, deberemos pagar Q3 mil 500 millones. Esto ha sido un logro del licenciado Ramos Cadena y un alemán oportunista que se llama Miguel Morth. Este alemán se maneja por todo el mundo en busca de dinero por comisiones en resarcimientos u otras figuras. Se dice que Cadena, por el logro, cobrará Q60 millones. Aquí tenemos que ver por qué llegaron prácticamente a ganar el caso al Estado de Guatemala, el que hizo una pobre defensa, a través de la Procuraduría General de la Nación y el mismo INDE.

En la cuenca del Chixoy, donde se hizo el embalse, habitaban 493 familias en los caseríos Pacux, San Antonio Panec, El Rosario, Camalmapa y San Francisco de Sales.

Para reubicar a estas familias, que serían afectadas con el embalse, el INDE adquirió 30 propiedades en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, distribuidos en cinco centros urbanos. Se les proveyó de casas, edificios públicos que incluían servicios básicos como agua potable, electricidad, letrinas y fosas sépticas, además de tierra para cultivar.

Existe una diferencia en el reporte ejecutivo del “Programa para Reasentamiento Humano de las Personas Afectadas por el Embalse de la Planta Hidroeléctrica Chixoy” que menciona 502 familias, y esto se debió a que nueve familias de Camalmapa migraron a otros municipios.

Se tienen los documentos donde consta el pago de las cosechas de los campesinos; son mil 212 expedientes.

Se tienen 365 expedientes donde consta el pago de la tierra, según la evaluación fiscal.

Consta en el Registro la adquisición de las tierras que se dieron en compensación, en Chicuxtín, Cubulco, Baja Verapaz; en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz; El Rosario y Panec, en San Cristóbal Verapaz.

Existen 29 libros en los que se detallan las compensaciones por daños a cultivos, a caminos de acceso; las lanchas que se proporcionaron.

Ahora resulta que esa compensación no existió y que es a más de 30 mil personas a las que hay que indemnizar. ¿De dónde se los sacaron?

Ahora resulta que algunos fueron asesinados por oponerse al proyecto, y esto no fue así. Si murieron fue en combate, fue porque eran insurrectos. Lógicamente Cadena y Morth lo presentan de esta retorcida manera a la comunidad internacional. Recordemos que el artículo 155 de la Constitución dice: “Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios por movimientos armados o disturbios civiles”.

Los secretarios de la Paz anteriores fueron tremendamente laxos o corruptos al aceptar las solicitudes de compensaciones y el Estado parece que estuviera sobrado de dinero, pues según sabemos ya están considerando en el presupuesto previsiones anuales para cancelar esos montos. La pregunta es: ¿quién lo va a recibir? ¿Cómo van a demostrar esos 30 mil que dizque habitaban esa casi desértica área? ¿Se lo darán a Cadena, a Morth y a sus oenegeros? ¿Tendrá la Secretaría de Planificación Económica un plan económico para el aprovechamiento de los recursos?

Lo más probable es que los 30 mil ni existan y será un jugoso botín para unos cuantos, que están como buitres, no solo de los fondos de la cooperación extranjera, sino que ahora detrás de los impuestos de los guatemaltecos.

Los mismos es con el tema del resarcimiento, por el tema del inventado genocidio, o sea que nuestros impuestos van a ir a engordar las ONG, pues por lo visto serán resarcimientos ad eternum.

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