El desconocimiento total de los poderes del parlamento venezolano por parte del Poder Ejecutivo, que ejecuta lo que quiere y que parece encaminado a “ejecutar” a quien quiera, pone al gobierno venezolano clara y evidentemente fuera del sistema democrático y del Estado de Derecho.

Por otro lado, la inmensa manifestación popular del 1 de septiembre en Caracas, el rechazo espontáneo a Maduro en su visita a la Isla de Margarita y todas las encuestas, demuestran que más del 80 por ciento del país quiere un cambio de gobierno.

El desastre socioeconómico empeora diariamente. El Gobierno está paralizado, por incompetencia y ceguera ideológica; solo sigue responsabilizando ridículamente a la “guerra económica” imperialista. La Unidad Democrática (MUD) hace lo que debe: movilizarse para exigir el derecho constitucional de lograr el referéndum en el 2016. Organización, disciplina y sobre todo unidad son indispensables. Las críticas constructivas son bienvenidas, las agresiones a la MUD y sus dirigentes le hacen el juego al G2 cubano.

Es fundamental entender que el “firmazo” o sea la recolección de las firmas (20% del padrón electoral) para solicitar el referéndum es tan relevante como el propio revocatorio. Si a pesar de la intimidación, las amenazas y los obstáculos del gobierno, seis, siete u ocho millones de electores se presentan a firmar, el panorama político cambia absolutamente. La correlación de fuerzas entre la MUD y el régimen se modifica, a favor de la primera. En el interior de todas las instituciones estatales, incluyendo la Fuerza Armada, se reafirmaría la opinión de que el cambio es inevitable.

En ese momento es probable que, en el interior del chavismo, se fortalecerían los sectores que consideran la renuncia negociada del presidente como favorable para el futuro político del movimiento. Obviamente, es posible también que el grupo más radical prefiera abortar el proceso del referéndum, antes o después del “firmazo”, con la connivencia de los funcionarios del partido de gobierno, que integran la Sala “Constitucional” del Tribunal Supremo y aumentar la represión. Pero, dada la creciente tragedia socioeconómica, sería la receta para la violencia, la explosión social, la guerra civil y el absoluto rechazo del gobierno a nivel internacional. La opción negociadora es compleja y difícil.

La teoría de la negociación nos enseña que se trata de un proceso de decisión interdependiente y que se negocia para obtener algo mejor de lo que se puede obtener sin negociar. Hay varios escenarios. Algunos plantean la posibilidad de un gobierno de Unidad y Salvación Nacional, dirigido por un presidente acordado, similar al caso de Valentín Paniagua en Perú, después de la renuncia de Fujimori.

Sería un gobierno integrado por miembros de la oposición y del oficialismo, apoyado por la Fuerza Armada, con un programa mínimo común que terminaría el actual mandato constitucional. Pero en un ambiente tan polarizado, entre dos partes duramente enfrentadas, parecería un poco más factible un acuerdo que, a través de una enmienda constitucional, recortaría el mandato de Maduro y se llamara a elecciones para presidente y gobernadores, en una fecha a negociar del 2017.

El cambio de gobierno está más cerca, pero será más o menos traumático dependiendo de la conducta de los actores, en particular de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional.

@sadiocaracas