partidos y sectores que confabulan para hacer valer los juegos de intereses.

El martes pasado, organizaciones sociales, encabezadas por Guatemala Visible y el Movimiento Pro Justicia desarrollaron un conversatorio sobre Ética y honorabilidad. A continuación, comparto algunas de las conclusiones que abonan en la necesidad de romper con ciertos moldes que impiden ir más allá del simple cumplimiento de un paquete de requisitos que casi cualquiera puede cumplir sin mayor esfuerzo.

Los principales indicadores de los procesos de postulación son los relacionados con la reconocida honorabilidad. Contrario a lo que tradicionalmente se ha creído, es posible medir lo inmedible. Valorar la ética y los valores es posible a través de abordar cuestiones objetivas y prácticas. Una de las deficiencias de las tablas de gradación es que se basan solamente en “ausencias” —de antecedentes penales y policíacos, por ejemplo—, como si ese requisito fuera algo inalcanzable para muchos.

Los procesos de 2009 y que se repiten en 2014 han tenido una lógica que poco se relaciona con la pretensión de que para optar a cargos públicos de alta responsabilidad solo apliquen los mejores, los que acrediten méritos suficientes. En nuestro caso, el “mérito” más destacable es haber ofrecido más, ponerse a disposición, completar la visita de altares.

Lo fundamental está en tener una vida de méritos, en tres áreas esenciales: a) capacidad, b) idoneidad y c) honestidad. Entonces cabe preguntar si quienes se postulan para ocupar la Fiscalía General tienen o no tienen esa vida de méritos. Esos cargos no son para que cualquiera se apunte, solo aquellos que son socialmente reconocidos, honrados y respetables. Tanto las postuladoras como las instancias decisorias finales —presidente de la República, en el caso del MP— deben realizar exámenes minuciosos que permitan evaluar esos méritos.

Las comisiones deben contar con equipos multidisciplinarios de apoyo, de manera que a pesar del poco tiempo disponible, cuenten con los criterios técnicos y objetivos para medir los criterios que en realidad importan; en resumen, tener un índice de cómo son los candidatos en tres ámbitos: privado, el de su entorno cercano y público. Deben promover la resolución de dilemas éticos con especificidad al cargo que opten.

Lo peor por suceder es acomodarnos a un sistema frágil que fácilmente puede ser superado y no hacer mayores esfuerzos por ser más rigurosos y creativos, en tanto diseñamos un modelo distinto.

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