En Venezuela ha habido una clara ruptura del orden constitucional y del sistema democrático. A la mayoría de dos tercios de un Parlamento electo popularmente se le han confiscado todos sus poderes constitucionales. Un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente a toda prisa en los días de la Navidad pasada por la Asamblea Nacional (AN) anterior en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y requisitos para los cargos de Magistrado, ha declarado inconstitucionales prácticamente todas las leyes que la nueva Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado durante todo el año 2016 amparado en un estado de excepción y de emergencia económica, decretado unilateralmente, desacatando el voto negativo de la AN, el órgano que debía aprobarlo. Para colmo, el Ejecutivo no ha transferido los fondos para el mantenimiento de la Asamblea y los sueldos de los diputados. Más recientemente, este ilegítimo Tribunal Supremo ha nombrado dos Rectoras del Consejo Nacional Electoral, usurpando de nuevo una función privativa de la AN. Además, la militarización creciente del Estado y de la sociedad, el aumento de la represión violenta, la intimidación y el encarcelamiento arbitrario de los dirigentes opositores y el creciente acoso a los pocos medios de comunicación independientes colocan al régimen venezolano clara y evidentemente fuera del sistema democrático y del Estado de derecho. En Venezuela no hay enfrentamiento de poderes, como afirman superficialmente algunos periodistas extranjeros mal informados. En Venezuela el Poder Ejecutivo ha asumido arbitrariamente todos los poderes, directamente o indirectamente, a través del control total sobre un Tribunal Supremo ilegítimo.

Hay que entender que la oposición democrática (MUD) aceptó negociar con el gobierno porque así se lo solicitó toda la comunidad internacional, incluyendo la Santa Sede, los EE. UU., la Unión Europea, todos los gobiernos latinoamericanos, la ONU, la OEA, etc. Fue la MUD que pidió formalmente a la S. Sede incorporarse al proceso. Por tanto, no podía rehusar participar una vez que el Vaticano aceptó involucrarse. Rechazar negociar le hubiese permitido al gobierno denunciar que la MUD se oponía a una solución pacífica y democrática de la crisis y que su objetivo real era la violencia golpista. Ahora bien, la falta de cumplimiento, por parte del gobierno de los acuerdos iniciales, les ha dejado claro a los intermediarios y a la comunidad internacional que el gobierno es el que se opone a una solución pacífica y negociada de la crisis. La carta del secretario de Estado de la S. Sede, monseñor Parolín, lo prueba ampliamente. Frente a esta situación, la MUD debe mantener y fortalecer la Unidad. Dado el evidente recrudecimiento de la crisis socioeconómica, debe reactivar inteligentemente la presión de calle a través de la movilización social, conjuntamente con la sociedad civil. En el campo internacional, los intermediarios en la mesa de diálogo deben presentar su informe en la OEA. Tomando en cuenta el fracaso del proceso de negociación y el agravamiento de la situación política y socioeconómica, el Consejo Permanente tendrá que decidir el camino a seguir. La MUD también deberá analizar la factibilidad e implementación de otros posibles mecanismos de presión sobre el gobierno. Ojalá que la ruptura del orden constitucional no implique también la ruptura de la paz social en Venezuela.