Con la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, siete líderes comunitarios de Huehuetenango recuperaron su libertad. Aunque la mayor parte de la resolución del tribunal se tomó por mayoría, hubo dos aspectos en los que los jueces no se pusieron de acuerdo.

Los jueces Patricia Bustamante y Gerbi Sical encontraron a Rigoberto Juárez Mateo culpable del delito de coacción y lo condenaron a 6 meses de prisión conmutables. Debido a que don Rigoberto estuvo en prisión preventiva más de 400 días, la pena quedó cumplida. A don Bernardo Ermitaño López Reyes, ambos jueces lo encontraron responsable del delito de obstrucción a la justicia y le impusieron una pena de 3 años conmutables que fue suspendida al momento de dictarse la resolución.

Esta sentencia dividida abre la puerta para que el MP apele la decisión del tribunal y se abra otro capítulo en este proceso de criminalización de los líderes comunitarios. Cabe también la posibilidad de que la Fiscalía revise sus actuaciones, y en base a los aspectos centrales de la resolución en los que queda muy claro que la acusación no tenía fundamento y no había delito que perseguir, decida no apelar.

Muchas han sido las muestras del buen trabajo que ha venido desempeñando la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y sería una lástima que en este caso —crucial para consolidar el estado de Derecho y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas— se tome una decisión con la que se seguiría usando el derecho penal como herramienta de criminalización.

Los intereses económicos alrededor de los proyectos extractivos, hidroeléctricos y de megacultivos son extremadamente grandes. Esto explica por qué se utilizan todos los recursos posibles en contra de los líderes de los movimientos de resistencia.

Inician boicoteando las consultas municipales y comunitarias en las que la población debe pronunciarse a favor o en contra del proyecto, continúan comprando voluntades y engañando a pobladores para que vendan sus terrenos, para luego acudir a la violencia. No son pocas las denuncias de las agresiones de las guardias privadas de las empresas en contra de los comunitarios.

Persiguen la ruptura del tejido social a través de la confrontación de la comunidad, lo que genera un alto grado de conflictividad. Cuando eso no es suficiente, empiezan las denuncias penales que tienen cabida en un sistema de justicia poroso y que a todos los niveles, principalmente el local, es susceptible de responder a intereses privados.

Si se examina lo que ha ocurrido en varias regiones del país se encuentran enormes coincidencias en el modo de operar de las empresas, casi un manual de criminalización en el que lamentablemente la institucionalidad estatal —que debiera defender el bien común— se coloca de lado del interés privado (ganancias de por medio).

Lamentablemente la persecución penal contra los líderes de Huehuetenango está lejos de culminar. Varios de ellos enfrentan otros procesos en diferentes juzgados del país. En el caso de don Rigoberto, son tres los casos pendientes, en los que se le acusa de delitos graves, buscando privarlo otra vez de su libertad.

El uso del derecho penal como herramienta de criminalización cumple dos objetivos: debilitar la resistencia y enviar un mensaje inmovilizador al resto de la comunidad. Habrá que ver si esta sentencia, que devolvió la libertad a las autoridades indígenas, abona el camino para que el sistema de justicia deseche las prácticas de criminalización, discriminación y racismo, tan históricas y cotidianas.

@MarielosMonzon