Las luchas de las organizaciones de mujeres guatemaltecas han avanzado, han logrado que se hagan efectivos algunos de sus derechos y que se hayan visibilizado problemas que antes estaban encerrados en las cuatro paredes de su casa. Ha sido un proceso muy largo, vamos a la zaga de otros países de la región en muchos de los aspectos que provocan injusticias.

La mayoría de la población guatemalteca se ve afectada por diversas formas de desigualdad, pese a que el Estado ha suscrito numerosos compromisos internacionales para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre los distintos pueblos.

La superestructura legal es retórica, a pesar de que supuestamente la ley es la depositaria de las aspiraciones sociales y de los valores y que el derecho debe ser el espejo de necesidades sociales y de valores morales; nuestra realidad ha demostrado una y otra vez que esa aspiración no se cumple, que el Estado y sus instituciones carecen de legitimidad y reconocimiento generalizado. Por eso es que no hemos alcanzado la conquista del bien común, de una vida digna para las mayorías, ni el buen vivir. Cada día esa esperanza se aleja de amplios sectores sociales.

Guatemala fue el único país de Latinoamérica que no logró la reducción de la pobreza; por el contrario, esta se incrementó. A este paso tampoco lograremos los ambiciosos resultados del Desarrollo Sostenible si fuimos incapaces de cumplir los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Las normas jurídicas por sí mismas no pasan de ser un ramillete de buenas intenciones, letras y papeles con contenidos sublimes, ya que usualmente son violadas y generalmente son desconocidas. Nadie puede luchar por lo que no conoce. La mayoría de la población está carente de protección en todos los sentidos y la base del Estado Democrático de Derecho es altamente vulnerable porque no hay igualdad entre los y las ciudadanas.

Supuestamente el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades, así dice la Constitución. También consagra que la maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven. Enunciado permanentemente violado, al grado de que cuando una mujer solicita un trabajo es común que se le pregunte si está casada y, a continuación, si no está embarazada.

Si el trabajo es un derecho y una obligación social, y el régimen laboral debe organizarse conforme a los principios de justicia social, es válido preguntarse ¿por qué las mujeres tienen menos oportunidades laborales? y especialmente ¿por qué sus labores no son equitativamente remuneradas si la ley así lo establece?

Informes sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres reportan que de 100 quetzales que reciben los hombres, la mujer recibe solo 68; es decir que hay una brecha salarial de 32%, a lo cual se suma que, en promedio, las mujeres guatemaltecas trabajan 13 horas diarias remuneradas y las otras están dedicadas al trabajo de cuidados —en casa—, mientras que los hombres trabajan 11 horas, de las cuales ocho son remuneradas y tres son dedicadas al trabajo de cuidados, según datos recientes del sistema de Naciones Unidas.

Enormes retos tenemos, especialmente en la mentalidad de los empleadores. Soluciones para generar la equidad se han propuesto, en primer lugar, cumplir con la ley, pero no hay voluntad de adoptarlas. A la mujer todavía se le considera como la madre, la enfermera, el ama de casa y la cuidadora de los demás. Somos iguales y así queremos ser tratadas.

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