La infraestructura es el “conjunto de elementos y servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país”, según la definición del Diccionario de la Lengua Española, antes DRAE. Para lograr un funcionamiento así, deben  concurrir tres  tipos de elementos: el primero son los humanos, es decir la educación —en cualquiera de sus niveles— y la salud. El segundo es el puramente físico y a este pertenecen las vías de comunicación, la electrificación y demás, y el tercero es la certeza jurídica, inter-relacionada con la certeza del castigo cuando hay corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Si uno de estos elementos no existe o es débil, el desarrollo se dificulta o imposibilita, en todas sus manifestaciones económicas, sociales y culturales.

Deseo referirme a uno de los elementos de las divisiones del desarrollo: el físico, y en especial las vías de comunicación, entre ellas las carreteras. Si no existen o no funcionan, se convierten en un freno y a veces en una imposibilidad para lograr el desarrollo. En la reciente reunión de Enade, los números presentados por un analista invitado son abrumadores y descorazonadores. En los próximos 15-20 años, Guatemala debe construir al menos 47,500 kilómetros de carreteras, lo cual significa una inversión de 45,000 millones de dólares, lo cual significa 8.2 millones diarios si son 15 años, y 6.2 millones diarios si son 20. No tengo claro si estas cifras contemplan el aumento de las necesidades viales de ese futuro o si únicamente toman en cuenta las actuales.

Las condiciones para lograr esto son varias, entre ellas la certeza de erradicar la corrupción, licitaciones competitivas, adjudicaciones transparentes, ejecución eficiente y supervisión adecuada. Pero además hay otras condiciones: decidir quién liderará, cómo se logrará la transparencia y la eficacia, cómo y en qué bases se otorgará el derecho de vía, cuáles serán los criterios para decidir las prioridades, la seriedad de los oferentes, las penalizaciones por obras mal hechas, pero especialmente cómo se lograrán las mejores condiciones de financiamiento y democratizar el capital empleado. Todo esto debe complementarse con una ley para eliminar todo tipo de obstáculos en las carreteras, los anuncios, las expropiaciones, la ley de tránsito.

Claramente, es un proceso muy complicado. La falta de mantenimiento incide en otro dato terrible en el 2000, el promedio de kilómetros por hora de los vehículos en las carreteras era de 58, y ahora es de 44, es decir un 24% menos. Lo creo así por el franco deterioro de la totalidad de las carreteras. Hoy, la realidad demuestra por qué no se puede ser optimista: solo este fin de semana la prensa informó de la negativa de 80 propietarios de vender su tierra para liberar el paso en esa cabecera; el sobrepago del Ejército a puentes temporales metálicos construidos por una empresa del alcalde de Villa Nueva y defensor de oficio del presidente Morales, y la antipatriótica posición del gobierno al respecto de la corruptora constructora brasileña Odebrecht.

Este caso, llora sangre. Además de no exigir el pago de compensaciones por tal carretera, se le perdona haber recibido el 75% del valor de la obra y haber ejecutado menos de la mitad, y anunciarlo como una “buena noticia” para el país. Es humor negro. El ejemplo de las carreteras es ilustrativo de cómo se encuentra Guatemala: las principales deben tener, al menos, cuatro carriles para llenar las necesidades actuales, y seis si se piensa hacia el futuro. Ahora, no será construida, sino simplemente coloca el pavimento, porque lo más caro ya está hecho desde 1960: rellenos, cortes, terraplenes, puentes, lo cual significa una obra para llenar las necesidades de hace 57 años. Por ello, tiene sentido tratar la corrupción como a un crimen de lesa humanidad. Guatemala no podrá entonces ser país.