El secreto a voces del financiamiento de los partidos políticos fue denunciado ayer por el comisionado Iván Velásquez, y la verdad es que lo que falta está por venir, pues las pruebas en contra de corruptos y corruptores tienen que llegar a tribunales antes de las elecciones, de lo contrario quizás algún corrupto se anquilose en la silla presidencial al estilo venezolano y ya nadie lo saque de allí. Ojalá que las magistraturas escogidas para el efecto estén a cargo de jueces probos y sin compromisos políticos, de lo contrario en vano serán los esfuerzos.

Este año la exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos dejó un legado que ya comenzó a tener efectos en la competitividad del país, el decreto 61-2015. Este decreto establece una serie de regulaciones y obligaciones a todas las empresas comerciales, industriales, agrícolas, silvicultura, caza, pecuarias, turísticas, de comercio, servicios, investigación, servicios comunitarios, inversión pública, proyectos de micro y Pymes, minas, canteras, electricidad, gas, agua, salud humana, en fin, toda actividad que se lleva cabo en el país. Las diferentes entidades estatales ya están exigiendo para todas las actividades la revisión de la categoría en la que se encuentren clasificados y según la tabla que contiene el listado taxativo se deberá recategorizar el establecimiento y proceder a un estudio de impacto ambiental, lo que traerá tardanza y, por supuesto, será una fuente de corrupción. El problema de este decreto es que pasa encima de leyes como la Ley Forestal y la Constitución de la República.

Este tipo de leyes es la panacea para los funcionarios corruptos que, a sabiendas de la incapacidad financiera de miles de pequeños negocios, extorsionarán amenazando con multas imposibles de pagar.

También tuvimos a la vista la Circular 26-2015 del Ministerio de Salud, la cual faculta a las municipalidades a exigir en todo negocio abierto al público cumplir con el decreto 56-95, el Código de Salud, que tiene doscientos noventa y ocho artículos y otros dos decretos.

Los negocios afectos listados en el memorándum, expendios de alimentos y bebidas, centros educativos, barberías, ventas de productos de primera necesidad, cafeterías, restaurantes, comedores, bares, cantinas, discotecas, pensiones, hoteles, moteles, supermercados, carnicerías, abarroterías, panaderías, depósitos y similares y otros que por su naturaleza estén abiertos al público. Las regulaciones son de tal magnitud que mi barbero dice que en adelante trabajará a domicilio, pues es imposible cubrir los gastos que le exigen para seguir operando su pequeño negocio.

Las disposiciones que se hagan para mejorar el ambiente son loables, pero la realidad es que se debería empezar por casa. Las entidades gubernamentales son las primeras en no cumplir con los estudios de impacto ambiental y operan sin la más mínima higiene, basta ver los servicios sanitarios de las dependencias públicas, las plantas de tratamiento de aguas residuales no operan y se otorgan licencias de operación a buses que echan humo negro, los hospitales nacionales son un asco y no cumplen con nada de los códigos de salud. A ciertas empresas se les está exigiendo que deben tener un médico de planta, ¿ese costo se podrá descontar de la cuota patronal de IGSS?

La ofensiva de los inspectores es increíble y esperamos que haya una ventanilla al público para poder denunciar a los extorsionistas con carnet ministerial. ¿Estarán los inspectores visitando los servicios públicos para proteger la salud de los guatemaltecos? Por supuesto que no, ahí no hay posibilidad de mordida.

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