En 2016 y parte del 2017 se promovía una reforma constitucional desde los tres poderes del Estado, el MP, el PDH con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Cicig servían de secretaría para permitir insumos en la toma de decisiones. De forma paralela, el presidente convocó a organizaciones de distinto cuño para preparar un proyecto de reforma a la Ley Electoral, llegó el mandatario con Granadera y todo a la sede de la Fundación Esquipulas para constatar cómo iban las discusiones, escuchó sobre la modificación al sistema electoral, el referéndum revocatorio, la asignación de cuotas por género y, por supuesto, el fortalecimiento de la autoridad electoral.

El presidente declaraba que había escuchado a la Plaza. Había cierto optimismo.

La reforma constitucional se presentó en el Patio de la Paz, hablaron los tres presidentes de los organismos del Estado, días antes se había presentado la iniciativa presidencial para la reforma electoral, por fin alguien había propuesto una nueva fórmula para asignar escaños y así soñamos con que diputados, concejales y síndicos responderían a una mayor vinculación con sus electores.

En cuanto a la gestión de gobierno, aún en el informe del 2017, el presidente se pavoneaba sobre logros cuantitativos y cualitativos en seguridad, promovía un nuevo sistema de gestión en salud pública y decía apoyar el esfuerzo de tacha por inconstitucionalidad a cláusulas del pacto colectivo, acompañaba el esfuerzo de nuestra Cancillería en el tema con Belice, juraba y perjuraba que continuaría con el ataque a la corrupción.

En agosto de 2017 el presidente declaró la guerra a la Cicig y al Ministerio Público, renegó de la reforma constitucional que hasta contenía redacciones que él mismo había sugerido, le retiró todo apoyo político a su iniciativa de reforma electoral, al grado de que la bancada oficial, es un clon de la bancada de Baldizón y adláteres, además sumó apoyos cuestionados.

Para abril de 2018, en seguridad, ya no está el ministro que le había dado réditos y puso a alguien a sugerencia del alcalde Arzú para el choque con la fiscalía y la Cicig, luego mandó a su casa a la cúpula de la PNC y como motivo señaló que “había que dar oportunidad a otros”, en salud el ministerio está con quien asegura la inercia de siglos y por supuesto debe dejar el pacto colectivo sin tachas, llevó a cabo la consulta de Belice sin plan y sin importancia; sin embargo, lo positivo es que a pesar del desdén gubernamental se registró mucho mayor participación de la estimada, pero se desconoce la agenda de seguimiento y la ofensiva diplomática ante países del Caribe que se han comprado la denuncia de sentimiento colonialista guatemalteco.

Hoy los abusos de poder están a la vista y se subrayan con fluorescente, el ministro de Ambiente viaja en helicóptero propiedad de empresas que tienen necesidad de autorizaciones oficiales y le importa un rábano el conflicto de interés, siendo la opacidad su norma, y se llega al extremo de ser asesorado por el jefe de la bancada oficial al ser citado en el Congreso, escupiendo el concepto más elemental de República; se nombra como ministro de Desarrollo a quien era director de Aeronáutica, sin importarle que del tema no conoce nada, y ante las acusaciones de financiamiento ilegal niega lo que otros han confesado ya en sede judicial, dando manotazos con desespere.

No hay rumbo, pero tampoco recato y es más grave. A este paso vamos a estrellarnos con lo que salte enfrente, porque si el delito es de dinero es cuestión de tiempo saber en qué cuenta está y ante la evidencia otro absurdo vendrá.

@Alex_balsells