Se dice que uno de los síntomas más claros de que un gobierno está agotado es que empieza a  aplicar soluciones sencillas a problemas sumamente complejos.

En un sentido amplio, el término “Estado fallido” se usa para describir a un Estado cuyo gobierno se ha hecho ineficaz, teniendo solo un control nominal sobre su territorio, un gobierno que convive con grupos ilegales armados, como es el caso de los sicarios y extorsionadores, que tienen aterrorizada a gran parte de la ciudadanía —léase pilotos y usuarios de camionetas urbanas y extraurbanas, comerciantes, propietarios de tiendas y almacenes—, y ahora en modalidad motorizada, que atracan a propietarios de automóviles particulares circulando.

Lamentablemente, este y anteriores gobiernos solo han visto los afloramientos de la delincuencia, sin penetrar a reconocer sus verdaderas causas y raíces. Se dice, en forma generalizada, que mucha de la delincuencia radica y surge en los centros penales del país.

Parece ser —y debiera verificarse— que a los sentenciados, cumpliendo condena, se les tiene en condiciones infrahumanas y, como generalmente la mayoría de ellos son personas ignorantes cuyas familias son de escasos recursos económicos, se ven obligados a satisfacer sus necesidades ingentes valiéndose de la telefonía celular, en forma ilegal; la prueba es que para los delincuentes de galones, y los de cuello blanco y corbata, se ha creado una cárcel como la de Mariscal Zavala o Matamoros, donde viven a cuerpo de rey, o sea que los fuertes militares que albergan la tropa para fines específicos como la invasión territorial o motines que salen del fuero policiaco han sido desvirtuados al convertirlos en cárcel.

He pensado que los señores jueces deberían limitar su acción a dictar sentencia y no entrar a discriminar al tipo de delincuente. Digo esto para casos como el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien confinaron a Santa Teresa, pero en un “apartheid” privilegiado.

Los ciudadanos que han cometido algún delito, a mi parecer, deben ser sancionados todos por igual. Si el fallo judicial es privarlos de libertad, deben ir a cumplir su sentencia en las cárceles que son para todos, puesto que el delincuente no tiene clase social.

En resumen, los delincuentes que entran en una clase de persona que debe pagar su delito con privación de libertad, deben purgarlos en los centros de detención por lo que deben tener condiciones razonables de habitabilidad para todos, porque esa sentencia no incluye tortura de ninguna clase, y menos aproximarse al tipo de ergástulas como lo fueron en Europa, en el siglo XVIII.

Por otra parte, “la vagancia es punible”, igual que “el trabajo forzoso”, y el Estado incumple con esos preceptos. Ello obliga a que los centros carcelarios ofrezcan todas las facilidades ocupacionales para los distintos intelectos y capacidades, buscando la entretención de los reos, a la vez que apoyen una formación intelectual, o el desarrollo de sus habilidades innatas. En el sistema actual, tampoco reciben asistencia psicológica, cuando el acto delincuencial como femicidio o violencia intrafamiliar puede tener muchas motivaciones que los jueces de sentencia no deben ignorar.

La forma actual se puede resumir en que los que cometen delitos entran burros y salen mulas.

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