Como en todo gobierno recién estrenado, de nuevo se habla de otra reforma fiscal, solución simplista y equivocada que de nuevo aumentara no solo el desempleo, sino que también el sector informal, sector que según analistas se sitúa alrededor del 70% y lógicamente al aumentar la carga impositiva, fácilmente se situará en el 80%.

A los gobernantes no se les puede ocurrir algo más fácil que subir los impuestos, pero no vemos acciones en las cuales se tomen drásticas medidas para combatir la galopante corrupción y mucho menos la reducción del gasto público. La realidad es que para el Estado no hay dinero que alcance, y es que lo vemos en países desarrollados y subdesarrollados, con raras excepciones todos operan con déficit fiscal, pues no importa lo abultado que sean los ingresos, siempre los gobiernos gastan más de lo que reciben, además de lo que se roban.

Ahora resulta que los principales críticos de la baja recaudación son los autores de la reforma fiscal anterior y no hacen otra cosa que proponer más tasas y así dar otra puñalada fiscal, la clase media viene en picada, pues ya no puede deducir sus gastos de lo que tiene que tributar, resultado, a nadie le interesa pedir facturas, lógicamente la moral tributaria está en el piso al ver que sigue el despilfarro sin ningún control

En nuestro caso, ahora vemos a unos cuantos que están siendo juzgados por delitos contra el erario nacional, pero muchos siguen con la misma costumbre, algunos amparados por el derecho de antejuicio que les garantiza la impunidad y otros que extorsionan al sector productivo reduciendo sus ingresos y así aumentando el desempleo.

Las plazas fantasma, las obras pagadas que nunca se ejecutaron, la sobrevaloración de insumos y muchas otras formas de robar aún no se han investigado y muchos de sus autores siguen tan campantes como antes.

Para aumentar el flagelo del desempleo han surgido aliados que han logrado el cierre de empresas, que obstaculizan la locomoción afectando a todo el sector trabajador del país, no importando si son ricos o pobres, el asunto es causar daño y lograr que la pobreza aumente y sencillamente amparados por una serie de organizaciones que se ampara en la comunidad internacional que también pareciera decidida a hundir más a la ya golpeada economía.

Ahora entró en vigencia el acuerdo gubernativo 229-2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, con 525 artículos, muchos de ellos lógicos, pero otros que obligarán a las empresas a reducir personal, pues, dependiendo del número de empleados, se verán obligadas a contratar enfermeras y médicos, cuyos sueldos no serán deducibles de la cuota patronal del 10% que se le paga al IGSS. Resultado: habrá despidos de cierto tipo de personal para cubrir los gastos de la salud preventiva que la seguridad social estaría obligada a proporcionar, pero así es, la ineficiencia de las instituciones estatales hace que se trasladen sus obligaciones a quienes producen, pagan y no obtienen nada a cambio.

Lamentablemente todos los candidatos presidenciales durante su campaña juran y perjuran que no se crearán nuevos impuestos y que las tasas impositivas no aumentarán, pero al llegar a la Presidencia y enterarse de que la ineficiencia de ministerios y secretarías no se puede mejorar, por muchas razones, entre ellas los nocivos pactos colectivos, algunos de ellos negociados ilegalmente por los ministros, sin tomar en cuenta el presupuesto, y al procurador general de La Nación, y además los compromisos partidarios, al consultar con sus flamantes asesores la respuesta es: subamos los impuestos. ¿Y qué?

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