Las confesiones de Tony Saca en San Salvador despiertan el interés de cualquier persona, pero para quienes creemos en el Derecho Constitucional como aquella ciencia que nos permite limitar el poder público o de grupos específicos y crear reglas mínimas de convivencia pacífica entre los distintos sectores sociales  el caso salvadoreño sí nos quita el sueño.

Tony Saca, con el objeto de lograr una sentencia más favorable al robo que llevó a cabo con su equipo cuando fungía como presidente, nos ilustró la grandísima diferencia que existe entre lo que conocemos como “ley” y lo que debemos conocer como “derecho”, porque robó con procedimientos “legales” y hasta logró “auditorías light”.

Don Tony manejaba su facultad reglamentaria como medio para facilitar los robos, así dictaba normas que de una u otra forma le permitían fácilmente desviar cientos de miles de dólares y conseguir, cumpliéndose con las exigencias normativas, llevar el dinero a destinos que no eran los que de forma oficial se establecían, además las normas permitían la opacidad.

La ley nos dicen desde los primeros años en la Facultad de Derecho, es “una decisión política”, pero esta decisión política se supone es basada en legítimos intereses nacionales, en países como el nuestro, donde buena parte de la institucionalidad es cooptada por sectores que “oficialmente” tienen el traje “legal” para ejercer el poder, pero en la práctica solo rondan por sus intereses o les mueven sus negocios, cualquier país se viene pique.

Tony Saca, expresidente por el ultraderechista partido Arena, nos refleja cómo el ladrón usa la institucionalidad para robar, pero también en el hermano país existe orden de aprehensión para Mauricio Funes, el primero de los presidentes electos por el ultraizquierdista partido FMLN y los cargos también son por ladrón, así que tanto la derecha como la izquierda enseñan que sus ladrones quieren lo que todo ladrón busca, y eso se llama dinero, por supuesto, si para lograrlo usan la institucionalidad poco les importan los efectos sociales que ello representa.

El caso salvadoreño nos interesa porque hay confesiones claras y contundentes; sin embargo, acá en Guatemala sin duda alguna el asunto no es distinto, por alguna razón siguen existiendo fondos que no son de manera oficial discrecionales, pero se manejan como tales, los puertos y aeropuertos son caldos de cultivo para el narco, miembros de ejército cada vez más seguido son señalados por utilizar la institución como centro logístico para narco, tráfico de armas, lavado de dinero o contrabando, existen universidades que regalan títulos con descaro y sin sanción, los colegios profesionales son opacos e ineficaces para los fines constitucionales, el magisterio organizado tiene un líder cada vez más patético y culebra con los gobernantes de turno. En todo esto la institucionalidad guatemalteca es cómplice.

La moraleja es clara, a la institucionalidad la debemos fiscalizar desde la óptica del Derecho y no de la ley, porque la ley y la sentencia, en determinados momentos históricos, no son más que muestras formales de poder. Hernández en Honduras y Ortega en Nicaragua fueron reelectos con base en una “sentencia” de vergüenza. En nuestro país, el Congreso, el Ejecutivo y Sistema Judicial no generan ninguna confianza y esto es porque es más que evidente que un buen número de diputados, ministros y magistrados usan su poder para escalar posiciones y olvidarse de los retos que debían enfrentar.

El Derecho busca el ejercicio del poder de forma racional. Cuando la razón no germina en los actos de quienes gobiernan se pierde la paz social. El caso salvadoreño ilustra, en sede judicial, lo grotesco de las formas de robar, por eso, como dice el refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…”.

@Alex_balsells