El fin de semana anterior y luego de una ceremonia poco concurrida, comenzaron las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), como consecuencia de un contrato firmado por la Empresa Portuaria Nacional (EPN). Esto resulta ser una actividad riesgosa porque ha sido cuestionado dicho acuerdo por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Los argumentos adversos al contrato se concentran en que la PGN emitió dictamen en agosto del 2015, en el sentido de que el actual interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, no tiene potestad para firmarlo, por lo que debe ser anulado. Señalan además que no se cumplió con la Ley de Contrataciones y que incluso podría darse el caso de competencia desleal en lo referente a las tarifas de cobro de la carga que ingresa o sale.

Desde otra perspectiva, una empresa como TCQ resulta ser una necesidad para el país, como consecuencia de décadas de corrupción en la que han participado varias de las autoridades y de los integrantes de los sindicatos, lo cual se mantiene, pese a varias denuncias reiteradas. Todo esto afecta los intereses económicos del país, en una forma similar a como lo denuncian quienes se oponen al funcionamiento.

La empresa TCQ tiene un largo historial. Comenzó en el 2012, siendo parte de una empresa de Barcelona, TCB, que luego la vendió en el 2016 a una compañía holandesa, APM, que ofrece al Estado de Guatemala una compensación de 42 millones de dólares porque considera que hubo sobornos de por medio. Esta es una de las acusaciones por las cuales están en prisión Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y el juez de Extinción de Dominio ordenó la intervención, que se mantiene.

Desde otra perspectiva, el caso TCQ debe ser visto como un posible problema a largo plazo para el país, aun tomando en cuenta que, jurídicamente hablando, lo que procede es anular todo y comenzar un proceso de licitación internacional transparente, un hecho que puede tardar un par de años y que se complicaría aún más por la posible ausencia de empresas licitantes.

Es necesario entender que para atraer inversiones internacionales al país resulta clave crear y mantener reglas claras, así como transparentar la administración pública, para, de esa manera, evitar la discrecionalidad y las prácticas de chantaje contra quienes desean colocar sus capitales en Guatemala.

La corrupción entre políticos y empresarios inescrupulosos es hoy en día la mayor amenaza para cualquier Estado de América Latina, como lo comprueba el caso Odebrecht, que tiene contra las cuerdas a varios presidentes y funcionarios públicos de alto nivel. Los inversionistas, al pedir transparencia, están en lo correcto, y lo mismo ocurre con quienes desean evitar males adicionales a los ya sufridos en el continente. Acerca del tema TCQ, aún falta mucho por señalar, y debe quedar claro que lo cuestionable es el procedimiento y no los criterios que justifican el funcionamiento de puertos adicionales a los ya existentes.