El principal hilo que entrelaza las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica en estos días es el incontenible número de niños migrantes que han logrado desafiar todo peligro y penetrar una de las fronteras más peligrosas del mundo, donde algunos de los visitantes no deseados pueden incluso terminar su vida con un tiro en la cabeza.

Ese es, en esencia, el tema dominante de la agenda común que abordará el vicepresidente Mike Pence durante su visita a tres países latinoamericanos, además de otros asuntos muy puntuales que abordará con los presidentes de Brasil, Michel Temer, y el de Ecuador, Lenín Moreno, quien ha mostrado una postura alejada de los deseos de Washington sobre Venezuela, al abstenerse de votar contra Nicolás Maduro.

Con Temer, Pence inició la discusión del problema migratorio, porque también entre los niños migrantes separados de sus padres por las autoridades migratorias se encuentran varios brasileños, lo que permite comprender la dimensión de un problema continental, empujado por las condiciones de precariedad, precisamente desde los países con mayores índices de corrupción.

Fuentes gubernamentales brasileñas atribuyen a Pence haber dicho que su “gobierno está listo para colaborar con el transporte de los menores brasileños en su retorno a Brasil, si es el deseo de sus familias”. Una frase que, si realmente la dijo, quizá no repita en su reunión con los presidentes de los países del Triángulo Norte, porque indudablemente ninguna de las familias ahora detenidas en Estados Unidos desearía regresar a estas naciones.

Entonces, en la agenda del vicepresidente estadounidense también debe figurar una clara exigencia sobre un cambio de las actuales condiciones en estos países, donde desde las más altas esferas del Ejecutivo se hacen esfuerzos por bloquear todo avance en la lucha contra la corrupción.

Todavía más grave es que desde el Organismo Legislativo se impulsan leyes en favor de la impunidad o acciones absurdas e ilegales para acallar a sectores que luchan contra el abuso de poder y la corrupción, como ocurre con Acción Ciudadana y su presidente, Manfredo Marroquín, cuya postura ha sido una de las más críticas contra esas muestras de intolerancia, a las cuales se ha sumado Jimmy Morales, con sus constantes críticas a los medios de comunicación independientes.

Estados Unidos debe ejercer la mayor presión sobre los gobernantes y políticos de esta región, porque la mayoría abusa de sus elevadas posiciones, lo cual supone un peligroso riesgo para la democracia, y porque al final la corrupción también representa una amenaza evidente para la seguridad de Estados Unidos, como lo demuestra la venta de documentos públicos a extranjeros o el incontenible flujo de drogas.

Aunado a las exigencias que deben ser puntuales, Washington también debe hacer una profunda revisión de su política exterior y ejercerla de manera más equilibrada si quiere tener éxito en su política para arrinconar a gobiernos indeseables, lo cual pasa por no mostrarse tolerante con gobiernos corruptos y criminales, como es el caso de Honduras y ahora de Nicaragua, este último que podría desatar otra crisis en la región.