Desde hace varios días un grupo de unas 200 personas se asentaron en las aceras del Congreso de la República exigiendo que se aprueben varias leyes, y la que más les interesa es la Electoral y de Partidos Políticos, cuyo proyecto de ley es básicamente el nacimiento de una nación dividida. Lo impresionante es el apoyo y la presión que están ejerciendo los embajadores de todos los países europeos, encabezados por el de EE. UU. Yo quisiera saber cuáles son las normas europeas y estadounidenses similares a las que aquí se han planteado y pretenden imponer.

¿Será que los alemanes tienen establecido un porcentaje en su congreso de ciudadanos de origen polaco, turco o judío? ¿Los holandeses tendrán definidas cuotas de poder para judíos y flamencos?

Bonito ejemplo es el de los belgas, allí valones y flamencos se disputan el poder político, a veces ganan unos y a veces los otros, pero la unidad nacional se mantiene, al igual que en Italia, que desde Garibaldi toda una nación multilingüe y con enormes diferencias raciales permanece unida, y desde esa época se definió un idioma, aunque los diferentes idiomas prevalecen sin destrozar la unidad.

La actual Europa está llena de inmigrantes y muchos de ellos con la nacionalidad adquirida, pero no por eso tienen derecho a optar a una cuota de poder político como la ley que los embajadores, lógicamente con instrucciones de sus gobiernos, pretenden que se apruebe en Guatemala.

No creo que en los dos poderosos del norte, EE. UU. y Canadá, tengan la obligación de colocar en sus congresos y senados porcentajes de cada etnia y de los descendientes de inmigrantes, que en muchos estados ya son mayoría, claro que no.

Hoy estos embajadores que siguen instrucciones de sus ministerios de Interior, Departamento de Estado, o como se le llame en cada país, están exigiendo transparencia, lo cual es loable, pero también nos gustaría saber si ellos controlan los fondos que vienen a los oenegeros que están causando la paralización del país. Allí sí no existe ninguna transparencia, pues como expresara un embajador, sus gobiernos dan el dinero y no saben para que lo usan los recipiendarios.

Qué bueno fuera que en vez de financiar movilizaciones que a veces han causado muerte y destrucción, por ejemplo, financiaran regadíos para el Corredor Seco, sanearan ríos y lagos, entraran a asesorar en temas como educación, salud y productividad; pero no, la masa principal va para los que se oponen a todo lo que genere empleo y mejoras a la competitividad del país.

Esta semana hubo paralizaciones en todas las carreteras, el costo financiero debe haber sido de grandes proporciones, millones de personas no llegaron a sus trabajos; frutas y verduras se perdieron, causando un daño terrible a campesinos, transportistas; lo peor, a enfermos que no pudieron llegar a sus nosocomios. Esas movilizaciones son de un costo millonario y parte de ese financiamiento es de lo que viene de afuera y viola nuestras leyes y Constitución. Definitivamente eso no les interesa a los que viven de ese financiamiento, pues como no se fiscaliza, la transparencia sale sobrando.

Ya que la Cicig y el Ministerio Público están tan activos, este sería un tema de alto impacto, pues nuestra ley obliga a los que reciben donaciones pasar por la Secretaría de Planificación Económica para ver si realmente esa plata es de beneficio para el país.

¿Tendremos donantes trasparentes?

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