Quienes han hecho de la corrupción un lucrativo sistema de vida no parecen entender que ese modelo está agotado, que tiene los días contados y aunque se puedan atrasar la implementación de correctivos, estos llegarán inexorablemente, porque Guatemala y algunos de sus vecinos están en el radar de la comunidad internacional que ahora ve esa lacra como un serio obstáculo para el desarrollo.

El impacto de lo que ese flagelo provocó en el anterior Gobierno ha hecho que para el país mucha de la ayuda, el financiamiento o ciertos programas de apoyo se vean condicionados a que autoridades y empresarios den muestras claras de que van a combatir de manera significativa la corrupción, hasta reducirla a su mínima expresión.

Guatemala, junto a El Salvador y Honduras están a las puertas de recibir el primer desembolso económico del Plan de Alianza para la Prosperidad, pero cabe recordar que uno de los requisitos para que fluyan esos recursos es que estos países deben dar claras muestras de que están combatiendo esa lacra, con el procesamiento de cualquier funcionario o particular que se aproveche de los recursos públicos.

Lejos de darle una lectura adecuada a esa realidad hay acciones preocupantes en contra del avance de la investigación y procesamiento de figuras públicas, con acciones intimidatorias y otras que buscan aislar a jueces que puedan actuar de manera independiente, pero también para copar altas posiciones dentro del sector justicia.

Paralelamente se dan otras todavía más inquietantes, como son las amenazas que se han denunciado en contra de figuras relevantes del sector justicia y de la prensa nacional, como es el caso de la Fiscal General, Thelma Aldana, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez y el periodista José Rubén Zamora, del diario El Periódico.

Una situación intolerable que este país ya debería haber superado, porque esas acciones corresponden a un pasado oprobioso y en todo caso lo que procede es denunciar y actuar con todo rigor contra quienes sean los responsables de revivir una cultura de terror que dejó una dolorosa huella en la historia nacional.

Debe actuarse con celeridad y firmeza porque el país está en medio de una batalla crucial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y no se puede permitir que estructuras criminales busquen detener la historia con tácticas desestabilizadoras.

El mayor reto es desbaratar esas amenazas para garantizar la integridad de quienes hoy son las figuras más emblemáticas en contra de la corrupción y aprovechar para desarticular esas células que siguen intactas y al servicio de redes mafiosas que le están produciendo demasiado daño al país, con el único objetivo de que todo siga igual.

Los guatemaltecos debemos repudiar cualquier tipo de amenaza en contra de quienes han dado claras muestras de que es posible el pleno funcionamiento de de las instituciones en contra del crimen, pero también en contra de grupúsculos criminales que aspiran a frenar el impulso por el rescate de la dignidad nacional con tácticas vergonzosas que ya no tienen cabida en la actualidad.