El caso de los ríos La Pasión y la empresa Repsa es otro claro caso de manipulación de la información, aprovechándose del desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos y generando una animadversión hacia todo aquello que genera miles de empleos.

Se hizo creer que la empresa había envenenado las aguas y resultando en una mortandad de peces, pero la realidad es otra; el que no sabe del choque de aguas en ríos caudalosos, debe de informarse antes de hablar. El choque de dos ríos caudalosos, de lechos no pétreos, causa la muerte de peces por falta de oxígeno. Aquí en Guatemala tenemos el caso conocido como el Lomo de la Tortuga, cuando se juntan el Usumacinta y el Lacantún, miles de peces mueren por asfixia lodosa, se llama en otros países, como Bolivia, “Borrachera”. Todos los inviernos en el los choque de ríos caudalosos mueren peces por asfixia causada por el lodo, miles de lugareños salen a recogerlos para su alimentación y nadie se muere.

Es imposible que 134 mts. cúbicos de una piscina de decantación, que no lleva ningún químico, sino que solamente material orgánico resultado de la extracción del aceite de palma, cause esa fatalidad en un río que corre a 322.8 mts. cúbicos por segundo. El día del evento la precipitación pluvial fue de ocho pulgadas y el río Chapayal, que recibe 25 afluentes, creció de manera espectacular acarreando toneladas de lodo que al chocar con el Pasión causaron la muerte de aproximadamente 50 quintales de peces, ante este suceso y las acusaciones, la planta detuvo su operación y procedió a dar mantenimiento a sus instalaciones, pero lo peor, 21 días después de que la planta ya había cesado operaciones, a doce y medio kilómetros, se da otro caso de mortandad de peces, probablemente causado por un derrame de una sustancia que nada tiene que ver con la operación de una extractora de aceite. De nuevo las acusaciones son contra la planta de Repsa.

Este es otro caso para otra funcionaria del organismo judicial vaya a la cárcel, pues el debido proceso ha sido ignorado. Se solicitó audiencia unilateral por los querellantes adhesivos, para solicitar y obtener orden de allanar las instalaciones de Repsa y así poder hacer pruebas y análisis que puedan determinar qué sucedió hace cuatro meses y medio. Las pruebas y análisis ya las hicieron oportunamente por el Ministerio de Ambiente, el Inacif, el Conap, la EPA de los EE. UU., el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública y la Conred. Ya existen conclusiones de dichos exámenes. Esa petición correspondía hacerla al Ministerio Público y no invertir los papeles posicionando a los querellantes adhesivos como actores principales y al Ministerio Público como un accionante adhesivo; es decir, se invirtieron los papeles, violando con ello la función esencial del Ministerio Público, que de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución tiene el monopolio de la investigación y de la acción penal. De hecho dentro del expediente aparece el MP haciendo dicha solicitud meses atrás, y el allanamiento concedido por el juez que en ese momento controlaba la investigación.

A petición de uno de los querellantes, Calas, la juez ordena el cierre de la planta por seis meses, dejando sin trabajo a 4,300 trabajadores y sin sustento a 23,000 habitantes del área. Por supuesto, la juez no citó a la parte acusada como indica el debido proceso.

Veremos cómo reaccionan la Cicig y el Ministerio Público en este caso, como diría el comisionado:

“Si los éxitos en la lucha contra la corrupción no se reflejan en mejoras concretas para la vida de la población, todo esfuerzo es vano”.

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