En Guatemala, la sociedad civil sintió su fuerza al plantear desde el año recién pasado su indignación por la corrupción gubernamental y su demanda porque esto concluyera. Logró por primera vez en mucho tiempo movilizarse en forma masiva y constante por varios meses, y con un amplio espectro de representatividad en los sectores de la sociedad, hasta llegar a la caída del gobierno, encontrándose hoy la ex vicepresidenta y el expresidente en prisión. La demanda por transparencia ha permanecido vigente e incluso trascendió al cambio de gobierno, pues hoy, ante un nuevo período de gobierno central, la exigencia de honradez y probidad y la denuncia contra la corrupción se mantienen vigentes.

Se ha felicitado al diputado Taracena como nuevo presidente del Congreso, por hacer algo que sus antecesores no se atrevieron: hacer pública la planilla de los salarios de empleados del Legislativo. Por su lado, el presidente Jimmy Morales se ve obligado a remover a la recién nombrada ministra de Comunicaciones, quien tenía conflicto de intereses por contrataciones anteriores con el Gobierno, y la sociedad pide además que el proceso de nombramiento de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea realizado con total transparencia para garantizar no solo la credibilidad del proceso, sino también la credibilidad misma de la CC en el desempeño de su mandato.

La lucha contra la corrupción y por el establecimiento de un régimen de transparencia en la gestión pública es algo que nos une a todos y contra lo que se oponen únicamente los corruptos, o quienes se benefician de la corrupción. Cabe reflexionar que la lucha contra la corrupción es también la lucha contra la impunidad, pues fortalecer la transparencia implica fortalecer también la justicia.

Y recordemos que la justicia es una sola, tanto para corrupción como para otros temas, tanto para temas del pasado como para temas del presente, y lo será en el futuro; que la transparencia no puede existir sin justicia, y que las dos son elementos fundamentales para el desarrollo de un pueblo, quedó claro en la formulación de las nuevas Metas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al año 2030, aprobadas en la Asamblea General ONU, diciembre 2015.

Estas metas son un nuevo desafío en el desarrollo de todos los países del mundo, incluyendo poner fin a la pobreza y extrema pobreza, así como reducir el hambre, garantizar salud y educación de calidad e igualdad de género en todos los aspectos del desarrollo. Pero en particular, el objetivo 16 establece la necesidad de promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e incluyentes.

Este objetivo se plantea reducir la violencia, igual acceso a la justicia “para todos” y combatir el crimen organizado.

Para este último propósito, además, agrega un corolario en su inciso 10: “Garantizar el acceso público a la información”, y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Ese es el desafío de hoy en el mundo entero: establecer sociedades pacíficas, que garanticen igual acceso a la justicia con transparencia a partir del pleno acceso público a la información y sin políticas de discriminación. Y la tarea fundamental de la ciudadanía —hoy— es convertirse en garantes de la transparencia, exigiendo información total en lo público y fortaleciendo el acceso a la justicia, manteniendo un monitoreo y observación permanente de todas las entidades del Estado, a nivel local o nacional.