Ha quedado en evidencia que la opinión pública estima más el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos que las opiniones de los diputados que lo interpelaron el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de la República.

De todos los mensajes enviados por televidentes a los analistas participantes en un programa de comentarios transmitido ese mismo día por la noche, la totalidad menos dos fue favorable al Procurador y de acre censura a los interpelantes.

Ha quedado igualmente desacreditada la actitud de los “indignados” por la (inexistente) ofensa cometida por el Procurador contra los católicos, la fe y la Iglesia, al dejarse fotografiar con las organizadoras de una manifestación pública femenina en el Día Internacional de la Mujer, y afirmar que las pancartas ofenden “a todas las mujeres de Guatemala y a todas las mujeres del mundo”, lo que carece de lógica porque las organizadoras de la procesión son mujeres y no pueden sentirse ofendidas. Tampoco se ofende a “todas” las mujeres del mundo porque no todas se enteraron de la manifestación. Y según el Banco Mundial hay 3,042 millones de mujeres vivas en la Tierra y la gran mayoría no es católica. Por aparte, las organizaciones de mujeres guatemaltecas no han manifestado estar ofendidas por la procesión de la vulva y, por el contrario, apoyan todo acto reivindicativo de los derechos de las mujeres guatemaltecas que ahora, pese a quien pesare, están en campaña abierta y ganando batallas con el fin de que todos sus derechos sean reconocidos y respetados por el poder político de Guatemala, incluidos el de manifestar públicamente y el de expresarse libremente sin más limitaciones que las contenidas en la Constitución y la legislación común. Son unos pocos hombres los que, adoptando una artificiosa actitud de santidad, que no les luce, participan en la trapisonda partidista contra el magistrado de conciencia. Trapisonda que el miércoles tuvo su primer fracaso.

Dicen algunos de esos santos varones —sin el menor derecho a arrogarse la representación de las mujeres— que el Congreso en lugar de interpelar al Procurador debería destituirlo; pero esto no es fácil porque no es funcionario ni empleado público y goza de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso, entre ellas el antejuicio, y solo puede ser cesado en su cargo, después de las correspondientes diligencias de antejuicio, por los votos de las dos terceras partes de diputados del Congreso de la República y no todos los diputados se cubren con la misma cobija partidista, pues la mayoría de ellos conoce muy bien la maniobra antidemocrática que subyace bajo la situación creada.

Lo lamentable de lo sucedido en la Comisión fue olvidarse de que por el espíritu de la Constitución esa Comisión debe ser el mejor soporte del Procurador y de su programa de trabajo. En cambio los interpelantes actuaron como sus enemigos; y debo hacer la salvedad también de que no todos los integrantes de la Comisión navegan en el mismo barco político partidista. Hay quienes apoyan al Procurador de los Derechos Humanos y sabrán en su momento poner cada cosa en su lugar.

Endosar al interpelado responsabilidad por la procesión de la poderosa vulva, porque aparece en unas fotos cerca de las mujeres que en legítimo derecho de las libertades cívicas portaban las pancartas es como si, ahora, después de la interpelación, por haber estado cerca de los diputados, los “indignados” dijeran que el Procurador es diputado.