Actualmente tenemos un régimen político que es una vergüenza, un Estado que se deteriora día a día, y un conjunto de políticas que en su mayor parte ni siquiera se ponen en práctica. Lo vemos en una inversión pública que sigue por los suelos, en una reforma de salud que quedó a medio camino, en la falta de una decisión final acerca del mecanismo institucional para formar a maestros y en un proyecto de presupuesto pequeño pero desfinanciado. Son síntomas de un Estado en coma.

Pero reformar al Estado requiere un régimen político que funcione, que contribuya a un ejercicio eficaz del poder, con el respaldo de la mayoría de la población. El problema es que el actual régimen político no cumple con estas condiciones. Lo refleja el Congreso y la mayor parte de partidos allí representados, como lo sabe la gran mayoría de ciudadanos.

La posibilidad de que se diera una primera gran reforma, la del régimen político, se fortaleció en el 2015 con el amplio rechazo a la clase política tradicional. Quedó reflejado en las manifestaciones que se dieron entonces y en la masiva y representativa manifestación del 20 de septiembre de este año.

Esta primera reforma política debe comenzar por modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para ampliar el espacio democrático y permitir que se expresen diferentes fuerzas, con distintas ideologías y enfoques. Debe permitir que la democracia se renueve y realmente funcione. Lamentablemente la actual Ley Electoral lo impide. Es una amenaza a la democracia y ello se refleja en varias restricciones.

Primero, la exigencia actual de contar con cerca de 23 mil adherentes no contribuye a la participación democrática. Es un requisito que establece incentivos perversos a favor de la compra de voluntades, que es la base de muchos adherentes de partidos ya establecidos. Favorece la movilización de recursos financieros y no la de los ciudadanos. Segundo, la prohibición de que los comités pro formación de partido político puedan hacer proselitismo, con la excusa de que da lugar a una campaña anticipada, evita que se puedan conocer los planteamientos de nuevas organizaciones. Beneficia a las organizaciones políticas ya establecidas o a las organizaciones que dependen de un caudillo reconocido. Cierra las puertas a la renovación democrática por la vía del debate y del conocimiento de posturas alternativas: favorece la desinformación y la descalificación ante la dificultad de conocer lo que plantean las nuevas organizaciones.

Estas barreras a la participación deben eliminarse para evitar que nuestro régimen democrático se derrumbe. Repetir las elecciones de 2019 en condiciones similares a las del 2015, con una clase política tan desgastada, desprestigiará a la democracia y la pondrá en peligro.

Queda por determinar cómo se podrá reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La mayor parte de partidos en el Congreso no quieren abrir el espacio a la competencia con nuevas fuerzas políticas. Les tienen miedo. Tendrán que sufrir miedos mayores, surgidos de la justicia y de la ciudadanía, para que finalmente aprueben, aunque sea contra su voluntad, la reforma que debiera abrir espacios para salvar a la democracia.

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