Hace dos años la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en especial su presidente Rafael Rojas, aparentaban estar comprometidos con la reforma constitucional, por lo menos en el discurso sostenían la necesidad de que la Corte ya no tuviera bajo su responsabilidad las decisiones administrativas que tiene. Uno de los puntos fundamentales es que los magistrados se dedicaran a resolver el recurso más difícil que existe: el de casación. Para ello se requiere mucha especialización y estudio.

En Guatemala existe casación para los temas penales y administrativos —tributarios—, así como para algunas contiendas de familia, civiles y mercantiles. En el proyecto de reforma se desempolvó la discusión de 1985 sobre la creación de un Consejo Nacional de Justicia para hacer eficiente la administración de la carrera judicial. Lastimosamente los constituyentes no lo aprobaron y también por desgracia nuestra en 1994, al realizar la reforma constitucional motivada por el serranazo, se cambió tanto al sistema que nos legaron un diseño más ineficiente y poroso a intereses sectarios. Si a esto le sumamos que la magistratura anterior de la Corte de Constitucionalidad (CC) de un plumazo se voló la carrera judicial como parámetro para elegir magistrados de Apelaciones, la situación se agravó.

Con la propuesta de reforma constitucional, la CSJ y en especial sus integrantes perdían mucho de su cuota de poder, así fue que mientras afirmaban apoyar el proyecto, en realidad se sumaban al boicot que en el Congreso sus propios ponentes, liderados por el partido oficial, llevaban a cabo. No nos cansaremos de repetir la lección del gran Ferdinand Lasalle: “Los problemas del derecho constitucional no son problemas de derecho, sino son problemas de poder” —en Guatemala tenemos nuestro laboratorio para comprobarlo—.

El Congreso, sin duda, sin saber de qué se trataba —como hizo con la Ley Electoral y el Código Penal— aprobó el decreto 32-2016, Ley de la Carrera Judicial. En esta nueva normativa, bajo las limitaciones constitucionales, se desarrolla una nueva estructura orgánica dentro del Organismo Judicial que tratará de desligar a la Corte Suprema de Justicia y a su presidente de bastantes decisiones que eran de su competencia, y se establece una nueva institucionalidad para intentar garantizar a jueces y magistrados mayores garantías para su estabilidad y respeto a su criterio.

La ley crea un Consejo de la Carrera Judicial con competencia para dirigir la administración de la carrera y a la vez instituye un nuevo sistema disciplinario con órganos permanentes y estructurados. Estos órganos son la Junta de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina Judicial de Apelación.

Trascendió la semana pasada que la magistrada de la CSJ Silvia Valdés Quezada quiere postularse para integrar la nueva Junta de Disciplina Judicial de Apelación y sin duda esa intención constituye un error, además de ser un claro indicio de un boicot al nuevo proceso para crear este nuevo andamiaje.

No tiene lógica que quien recién fue magistrada de la CSJ y decidió muchos de los criterios administrativos y de disciplina que ahora deben revisarse, además de ser copartícipe de buenas o malas decisiones tomadas, resulte integrándose a la primera Junta de Disciplina Judicial de Apelación que, seguro, debe cambiar mucho de lo malo que se ha ejecutado.

La resistencia al cambio es normal en toda organización, pero en una integrada por abogados la intransigencia es mayor. Por ello, encarnar en un nombramiento un claro obstáculo para el éxito de la nueva estructura constituye un mensaje equivocado, además de una nueva muestra de que lo único peleado es la famosa cuota de poder.

@Alex_balsells