El Gobierno parece haberse metido una vez más en el costal de los problemas, al plantear el más grande aumento en el gasto público y pretender llevar el Presupuesto General de Gastos para el período 2017 a casi 80 mil millones de quetzales sin que exista una mejora convincente y sostenible en la recaudación tributaria, por no mencionar verdaderos mecanismos de transparencia para la ejecución.

Es un acto de ligereza plantear un gasto de esa magnitud cuando ni siquiera se ha conocido que el Gobierno haya trabajado en un plan creíble de gastos que refleje una mínima corrección efectiva del festín que se dan muchos funcionarios a quienes los guatemaltecos les tienen que pagar todos sus gastos, como si no se tratara de servidores públicos.

El Congreso, por otra parte, tiene como misión hacer una disección y discusión seria, metódica y coherente de tal proyección de desembolsos, simplemente porque no es coherente con la realidad que vive Guatemala, pero sobre todo porque continúa en la misma línea de los anteriores gobiernos y se limita a aumentar el endeudamiento público, so pretexto de que aún nuestra economía no está hundida en las mismas deudas que otros países.

Es muy probable que quienes asesoran al presidente le estén brindando un panorama limitado, y ello se evidencia en que proponen la misma cifra de la que se habló desde hace varios meses, sin que medie en ello una auténtica política que asegure la probidad.

Al igual que la pretendida reforma fiscal, este plan de presupuesto no va a dejar dormir a los guatemaltecos con la sola idea de tener más de Q15 mil millones de nuevo endeudamiento. En el terreno de lo ideal y de aspiraciones políticas de cara a muchos de los rezagos, el monto de gasto pareciera ser el adecuado, pero el sueño tiene asegurado un abrupto despertar cuando no se tenga la disponibilidad de recursos.

Aunque las autoridades de Finanzas aseguran que está en marcha un censo de los trabajadores del Estado, el mismo aún no arroja resultados concretos, tangibles y que incidan en el cálculo del gasto, porque tampoco se han asignado los recursos para emprender una tarea que se anunció desde el gobierno de transición.

Por si fuera poco, gravita sobre la actual administración la sombra de cuestionados sindicalistas que, aprovechándose de la inexperiencia, volubilidad y debilidad, han insistido en presionar por mejoras clientelares para sus gremios, so pretexto de defender los intereses de la niñez, algo que históricamente han demostrado que no les importa en lo más mínimo, pues únicamente se ocupan de cumplir sus agendas sectarias.

En todo caso, el presidente puede abrir los ojos ante condicionamientos inviables y poner en su lugar tanto a los tecnócratas que le venden proyectos obsoletos como a los líderes que únicamente buscan su propio beneficio.

No se puede seguir creciendo en el gasto público para atender intereses sectoriales insostenibles cuando no se ofrece a cambio mayor eficiencia y responsabilidad en el gasto.