Una de las aspiraciones más grandes de cualquier sociedad es ser capaz de generar mayor prosperidad y desarrollo social para sus habitantes. A través del fomento a la libertad económica podemos generar mayor dignidad, autonomía y empoderamiento personal que permita sociedades más inclusivas.

La Fundación Heritage publicó recientemente su informe sobre libertad económica, definiéndola como “el derecho fundamental de cualquier individuo para controlar su trabajo o propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son capaces de trabajar, producir, consumir e invertir como mejor consideren conveniente. Los gobiernos dejan que el trabajo, capital y bienes se muevan libremente y no ejercen coerción o restricciones a la libertad, más allá de lo necesario para proteger la misma libertad”.

El índice de libertad económica es una herramienta que puede ayudar a mejorar las políticas públicas, al evaluar cuatro aspectos relacionados al Estado de derecho, el tamaño de los gobiernos, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. Para el caso de América Latina es relevante mencionar que los países mejor evaluados en la edición 2018 son Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Panamá.

En el caso de Guatemala, su mejor evaluación está relacionada a la apertura de los mercados y al tamaño de su gobierno. Sin embargo, tiene que generar reformas importantes para fortalecer el Estado de derecho, especialmente sobre la integridad del Gobierno. La falta de regulaciones que permitan un servicio civil eficiente ha erosionado la confianza de la población hacia los servidores públicos.

La lucha contra la corrupción es un tema clave para la población y esto debe impulsarse con más fuerza dentro del Organismo Judicial, donde se requieren reformas estructurales para fomentar mayor independencia de los jueces y que puedan hacer carrera, apegándose a la ley. Se necesita además generar proyectos específicos que permitan reducir los cuellos de botella, dentro de los propios órganos de justicia penal, que garanticen mayor fluidez a los casos. El flujograma de justicia criminal 2017 que presentó la Coalición por la Seguridad Ciudadana puede ser una excelente herramienta para visualizar en dónde están esos cuellos de botella que generan una eficiencia tan baja de 21.3 por ciento a los juzgados de primera instancia.

Otro tema clave para mejorar la evaluación de Guatemala en el aspecto relacionado a Estado de derecho es el respeto a los derechos de propiedad. A nadie escapa que en nuestro país existen factores que limitan la capacidad de las personas de ejercer el derecho de propiedad sobre determinados bienes, especialmente relacionados a la tierra. Se estima que el 70 por ciento de la tierra en posesión no tiene un título de propiedad, para lo cual es necesario fortalecer el sistema de registro de información catastral y reformar la Ley de Titulación Supletoria.

Por último, para mejorar en el área que evalúa la eficiencia regulatoria, nuestro país necesita una reforma al Código de Trabajo, para darle mayor garantía a las personas a poder trabajar de manera independiente. Las nuevas tecnologías están generando mayor flexibilidad laboral e instituciones como el IGSS, Irtra o el Intecap no pueden atender muchos nuevos puestos de trabajo, debido a la rigidez de nuestro sistema laboral.

Si queremos ser un país más próspero, tenemos que ser capaces de reconocer que se necesitan instituciones públicas fuertes, capaces de garantizar y proteger la libertad del individuo en todo el país.

@jczapata_s