Es inaudito que las autoridades del Estado de Guatemala y las instituciones más influyentes del país, eviten deliberadamente el tratamiento de la grave crisis económica que estamos viviendo. La presidencia de la República, los ministerios de economía y finanzas, el banco de Guatemala, las facultades de economía de todas la universidades, el colegio profesional de economistas y muchas instituciones privadas particularmente CACIF, guardan un silencio cómplice porque dentro de sus funciones está participar activamente en todos los asuntos que coadyuven a promover una mejor economía nacional. El manejo de nuestra economía ha quedado en manos de una tecnocracia internacional, el cual se centra en el cumplimiento de objetivos básicos como el pago de la deuda externa, el pago de la factura petrolera y la preservación de un tipo de cambio estable, todo ello mediante el recurso de mecanismos arbitrarios, ajenos a las manifestaciones espontáneas de cualquier modelo económico normal.

Pero para la sociedad guatemalteca ese costo es fatal. La economía dejó de crecer, se estancó e incluso, tiende a contraerse. Ha caído dramáticamente la inversión privada y pública. En el marco de la inversión privada tanto interna como externa, Guatemala ha dejado de ser un país atractivo, diversos tipos de capitales están siendo invertidos en países vecinos. Una de las más dramáticas estrategias a las que han recurrido las grandes empresas, principales generadoras del empleo formal en el país, es a la reducción de costos. Esto implica no realizar más contrataciones y recurrir al despido de decenas de miles de trabajadores. Genera frustración y tristeza, observar a tantos jóvenes desempleados, preocupados por encontrar un empleo para poder sumar ingresos a su hogar, en cuyo caso la desesperación de sus padres que no pueden enfrentar el desafío de cubrir los gastos mínimos generales, tiende a crecer día tras día. Un trabajador conocido me exponía: “créame que poder sentarse a la mesa con los hijos y tener comida para todos, se ha convertido en un verdadero milagro”. La pobreza está creciendo, mientras la clase media está prácticamente a punto de extinción. Y si la alimentación básica familiar ya no está garantizando cobertura plena en las familias guatemaltecas, menos podrán ser enfrentados otros gastos como el pago por la educación y otros servicios. No se necesita ser experto en economía para corroborar lo anterior. Cientos de negocios cierran sus puertas cada día, no hay ventas y los costos de operación están llevando a muchos de sus propietarios a la quiebra. Las deudas y la morosidad en los bancos está creciendo, aunque se trate de ocultar eso, todos sabemos que está ocurriendo.

Existe la delincuencia organizada y la delincuencia común. La segunda tiene como carburante la pobreza, eso estudiado y probado está. Una sociedad en donde existe empleo y salarios dignos, reporta siempre bajos índices de criminalidad. Crimen y pobreza están relacionados. Ese tipo de delincuencia sigue creciendo en el país, muchas veces con resultados trágicos, como perder la vida ante un delincuente que roba un teléfono celular. Legiones de pobres toman por asalto las calles pidiendo limosna, se multiplican los asentamientos humanos establecidos en condiciones inauditas y de alto riesgo.

¿En dónde están las posiciones públicas y abiertas de las instituciones antes referidas en relación a este grave problema? Ese silencio cómplice rebasa lo inaudito para situarse en una irresponsabilidad que más temprano que tarde, habrá de pasarnos la factura a todos sin excepción.