Si de un sector desconfía la población es de aquellos personajes que fueron electos sin que una abrumadora mayoría sepa con certeza por quién vota pero que paradójicamente la representa en el Congreso de la República. Triste es decirlo, pero la conducta de numerosos diputados raya en la temeridad, tanto en sus declaraciones como en sus fidelidades hacia intereses distintos a los de los gobernados. Sobran las muestras de tal comportamiento avieso e inescrupuloso.

Pocas veces se tiene la oportunidad de observar con atención el comportamiento de determinados congresistas, sobre todo de quienes intentan pasar ocultos entre las sombras de la rutina, escondidos en la multitud, sin mayor iniciativa pero prestos para apoyar o entorpecer determinados procesos, siempre como parte de sus agendas, por lo regular muy distantes de las legítimas exigencias de sus representados.

Sin embargo, una de esas ocasiones en las cuales se puede tener una idea de la verdadera tesitura moral y el marco de fidelidades de los diputados se encuentra justo a la vista de los guatemaltecos en la comisión pesquisidora del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, integrada por Julio Ixcamey Velásquez, miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presidente; Juan José Porras Castillo, de Visión con Valores (Viva), secretario; Gabriel Heredia Castro, también de la UNE, vocal 1; Alicia Dolores Beltrán López, Movimiento Reformador (MR), vocal 2; y Eva Nicolle Monte Bac, Alianza Ciudadana (AC), vocal 3.

Algunos de ellos fueron electos por partidos, vigentes o extintos, señalados de corrupción o financiamiento ilícito que ponen sospechas sobre su trayectoria, su desempeño en el Legislativo y, por ello, el papel que tendrán en la trascendental asignación que han recibido, por sorteo, como parte de la comisión que evalúa las acusaciones contra el ex secretario general del partido FCN-Nación y actual presidente de la República. El caso surge por no haber reportado fondos recibidos en campaña, pese a que la misma reposaba sobre el lema “Ni corrupto, ni ladrón”.

La comisión pesquisidora recibió ayer los informes de representantes del Ministerio Público, la Cicig y el Tribunal Supremo Electoral para fundamentar y profundizar la denuncia, lo cual debe ser una tarea acuciosa. No obstante, fue notoria la agresividad de algunas de las preguntas que más bien parecían encaminadas a hacer caer en contradicción a los declarantes, lo que no ocurrió, y llegó el momento en que incluso alguien debió aclararles a los interpelantes que allí no se juzgaba la culpabilidad o inocencia del mandatario.

Dado que no se trata de un juicio penal ni de condenar o absolver a alguien, lo más sano para la Comisión es abrir el espacio para que el mandatario pueda responder por sus acciones ante la justicia, dado que nadie es superior a la ley y él mismo ha proclamado ser respetuoso de los procesos, aunque no asistió so pretexto de la emergencia sísmica.

En todo caso, el informe de la pesquisidora no será solo sobre la persona de Jimmy Morales, sino permitirá evaluar el trabajo de quienes dicen representar a los guatemaltecos y sobre procesos anómalos en el financiamiento de partidos políticos.