Dos hechos pintan la actitud servil y al mismo tiempo corrupta del gobierno del presidente Jimmy Morales. Primero, guarda silencio sobre la muerte de la niña Jakelin Caal cuando estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En su afán por quedar bien con el presidente Donald Trump, el régimen guatemalteco demuestra cuánto desprecia la vida de nuestros compatriotas que migran por la miseria y la violencia que afrontan en el país. Sin embargo, no pierde tiempo para tratar de desmantelar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con la revocatoria de visas y el retiro de la inmunidad diplomática a 11 investigadores de esa entidad. Esta acción no solo viola el convenio con la ONU, sino que deja claro que su objetivo es favorecer a las mafias corruptas.

No es la primera vez que el presidente Morales y su canciller Sandra Jovel dejan ver una total insensibilidad sobre el sufrimiento que afrontan los migrantes para buscar en territorio estadounidense una vida mejor para sus familias. Por supuesto, las autoridades celebran el aumento en el ingreso de divisas por concepto de remesas porque dinamiza la economía nacional. Según el Banco de Guatemala, del 1 de enero al 30 de septiembre de este año las transferencias por remesas fueron de US$6 mil 823.8 millones, lo cual significa un aumento del 12% respecto del mismo período del año anterior. Lo que parecen olvidar es que tras ese flujo monetario está el dolor y la muerte de centenares de guatemaltecos que no logran hacer realidad el sueño americano. Para ellos no hay nada, ni siquiera un comunicado exigiendo una investigación de fondo para conocer, por ejemplo, por qué murió Jakelin.

La indolencia del gobierno choca con las muestras de repudio que existen en Estados Unidos por la muerte de la niña de siete años, ocurrida el 8 de diciembre. Grupos de migrantes exigen que se investigue ese hecho y una delegación de congresistas de la bancada hispana del Congreso Federal irá a la estación de la Patrulla Fronteriza a conocer qué pasó. El gobierno guatemalteco calla y ese silencio es más vergonzoso frente a las protestas internacionales. Es el mismo silencio que hubo cuando un guardia de la Patrulla Fronteriza mató de un balazo a la joven guatemalteca Claudia Gómez, en Río Bravo, Laredo, y que se repitió con el asesinato de la compatriota María Herlinda Ruiz tras un ataque armado en Veracruz, México. Para el mandatario, la vida de los migrantes guatemaltecos no importa, no tiene ninguna política a favor de ellos.

En cambio, el presidente Jimmy Morales sí ha trazado una política proimpunidad muy definida para favorecer a las redes criminales integradas por políticos, empresarios y militares. No solo se trata de desbaratar las investigaciones sobre su hijo y su hermano, sino de otros casos emblemáticos. Con la revocatoria de visas y el retiro de la inmunidad diplomática a 11 investigadores de la Cicig se afectan pesquisas contra el diputado Felipe Alejos, Blanca Stalling, magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia; del excalde de Quetzaltenango Jorge Barrientos, así como los casos La Línea y Cooptación del Estado, lo cual favorece a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Las acciones de la cancillería forman parte del plan estratégico para acabar con la Cicig y neutralizar al Ministerio Público. En ese plan se inserta la labor del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, de desmantelar la estructura de mando de la PNC para tener control de las órdenes de captura que emanen de esas instancias. Es evidente que el gobierno ha sido cooptado por sectores oscuros y que el presidente Jimmy Morales responde a esos intereses. Es el pacto de corruptos en pleno el que está detrás de estas medidas, en su afán por mantener incólumes las mafias que medran con los recursos del Estado.

@hshetemul