Los nefastos resultados obtenidos a raíz de los acuerdos de paz deben ser publicados en todas las redes sociales para desenmascarar a los que aprovechándose de la amnistía que se les brindó, delinquen, se enriquecen, logran millonarias donaciones, escudados en lo que ellos llaman defensa de los derechos humanos; lógicamente con el apoyo de fiscales, jueces y magistrados que no han dictado ni una sola sentencia contra grupos que han llegado, inclusive, a asesinar personas. El objetivo de los terroristas ha sido llegar al poder para vengarse del propio Estado, de sus fuerzas de seguridad y, de paso, lucrar con la desgracia humana que los mismos terroristas han sembrado.

Vemos cómo la oposición al desarrollo se ha acrecentado. Hidroeléctricas, carreteras y proyectos extractivos están detenidos gracias a las acciones terroristas, que con el apoyo de oenegeros, embajadas y la cooperación internacional actúan con toda impunidad, mintiendo y desinformando. El caso más sonado en las últimas semanas es el acto terrorista en el municipio de San Juan Sacatepéquez, a escasos kilómetros de la capital guatemalteca.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) ha estado fomentando la violencia en Guatemala. En el lugar fueron masacradas 11 personas —todas ellas campesinos indígenas—. Se supo desde el momento del crimen quiénes son los responsables: los mismos que se escudan bajo el falso título de los “defensores de los derechos humanos”.

Así, la “defensa de los derechos humanos” se ha convertido en un negocio en este país centroamericano, pero un negocio exclusivo de los exguerrilleros terroristas. Sin embargo, escondiéndose bajo la piel de los “defensores” y percibiendo millones de euros del dinero ajeno, los activistas de oenegés siguen sembrando el terror entre la población y continúan destruyendo la propiedad pública y privada.

Recientemente recibimos la información de una de las minas que está bajo asedio de estos grupos, como es la minera San Rafael. Los terroristas mentirosos han dado una serie de datos falsos sobre los beneficios de la mina, pero veamos la realidad: allí se generaron mil empleos directos y dos mil indirectos, y como resultado el municipio de San Rafael Las Flores comenzó a progresar como nunca antes lo había logrado, pues cien nuevos negocios funcionan beneficiando a toda la población. La mina ha mejorado las dos terceras partes de las escuelas del área y paga en regalías el 5.5% arriba del promedio mundial, que es el 4.28%; además de los impuestos de ley como el IVA, el impuesto sobre la renta y el ISO. Se construyó la subestación de Policía, por un valor de Q7.5 millones, además de un donación de Q18.5 millones al programa mejores familias. Quisiéramos ver a la cooperación internacional apoyando en este sentido y no los bloqueadores de carreteras y estabilizadores. A las oenegés en Guatemala les provoca rabia y odio la prosperidad ajena porque sería el fin de sus negocios lucrativos de las donaciones internacionales.

Los países donantes deberían fiscalizar el destino de los fondos y cambiar de dirección, pues sin duda desde sus súper desarrolladas ciudades solo oyen lo que los que viven bien de hablar mal les dicen. Ahora resulta que uno de ellos, Frank LaRue, fue nombrado director de Comunicación de la Unesco. De plano tenemos buenos enemigos en el sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué no usan sus fondos en proyectos de beneficio al pueblo? Podrían reforestar cuencas, entrar a salvar el Lago de Amatitlán, a mejorar hospitales y centros educativos, pero lo poco que dan para esos fines son basuritas comparadas con lo que reciben los aprovechados oenegeros. Al fin, los ciudadanos europeos tienen que exigir a sus gobiernos qué se hace con sus impuestos. Una rendición de cuentas.