Resulta una perogrullada indicar que una de las principales causas de la conflictividad en Guatemala se relaciona con la oposición sistemática y violenta a la instalación de hidroeléctricas, cuando paralelamente en los lugares cercanos a esos focos de desasosiego se denuncia el grande e impune robo de energía.

Según un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, el costo de la conflictividad asociado a las conexiones ilegales podría sobrepasar los cuatro mil millones de quetzales al año. Es una historia que no solo se repite y aumenta de manera vergonzosa, sin que las autoridades pongan freno a ese pillaje cuyas pérdidas económicas podrían triplicarse en pocos años.

Datos dados a conocer por la Asociación de Generadores de Energía Renovable advierten de la existencia de hostilidades en al menos 16 proyectos hidroeléctricos que han impedido la ejecución de inversiones por más de 11 mil millones de quetzales. De esos proyectos ya han sido descartados cinco, debido a la inestabilidad, mientras están detenidas las inversiones en ocho más y otros se encuentran paralizados por procesos de consulta con los pueblos indígenas.

La fuente que sirve de combustible a esa conflictividad se explica porque el Estado ha sido desbordado y hay regiones donde la ingobernabilidad ha llegado a niveles increíbles, motivada por una total ausencia de autoridades, como acaba de ocurrir en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, donde una turba irrumpió con violencia y causó destrozos. Un trabajador murió baleado supuestamente por presuntos opositores al proyecto.

Uno de los perniciosos efectos de la precariedad estatal para atender problemas que se acrecientan es que detrás de hechos ilícitos, como el robo de energía, también terminan conviviendo otras expresiones criminales. Entre los cuatro departamentos más problemáticos sobresalen Huehuetenango y San Marcos, donde también la porosidad de los controles fronterizos ha incentivado la proliferación de otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas, otro negocio millonario.

Un loable esfuerzo que busca cambiar esa inercia es el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, firmado el pasado jueves en Huehuetenango, con el cual se buscará reducir la conflictividad con acciones dirigidas a fortalecer la seguridad, mediante la instalación de una instancia de prevención de la violencia, una estación de la Policía Nacional Civil, reforzar la seguridad fronteriza y aumentar la presencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial.

No será un proceso sencillo, pero ese es el camino porque buena parte de la conflictividad nacional tiene décadas de estar incubándose y en esta nueva experiencia que emprende Huehuetenango participan representantes de 23 comunidades, autoridades ediles y de Gobernación, en un proceso que se materializó tras año y medio de negociaciones y que puede ser alentador para otras regiones.

Acuerdos como el de San Mateo Ixtatán son la respuesta a la histórica ausencia del Estado en regiones consumidas por la conflictividad y el oportunismo de falsos líderes, pero debe darse un diálogo amplio en el cual participen empresarios, comunidad y autoridades.