Con la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, 16 de enero de 1992; Guatemala,  29 de diciembre de 1996;  y  Colombia, el 26 de septiembre de  2016, termina en la América Latina la lucha armada para la toma del poder,  que tuvo su apogeo con la derrota de  los gobiernos militares de Cuba, en 1959, y de Nicaragua, en 1979,  y se abre como esperanza para los pueblos de esta parte del mundo otro tipo de revolución,  ajeno a los cañonazos:   el trabajo político, social y cultural  en favor del  Estado de Derecho.

Una de sus más salientes manifestaciones en esta etapa es la lucha intensa contra la corrupción administrativa y la que se libra diariamente por la correcta aplicación de la ley en los tribunales de justicia, bajo el alero del debido proceso dirigido por jueces imparciales, donde se debe tratar procesalmente a las personas con un criterio legal de igualdad, en proporción justa del delito cometido sin favorecer dolosamente a los poderosos y ensañarse con los que ni siquiera pueden pagar una defensa profesional.

El enemigo a vencer ahora no es la persona, sino el delito, porque no hay espacio alguno en las instituciones públicas ajeno a determinadas violaciones a la legislación penal, a las buenas costumbres y a la moral, como se ha visto recientemente.

Podría afirmarse que en este país de la eterna dictadura el uso de la función pública para delinquir es la norma general y el trabajo honorable, decente y eficaz la excepción.

Nunca se había visto a tantos exfuncionarios públicos en el banquillo de los acusados y listos para escuchar las palabras definitivas de las sentencias judiciales; a funcionarios en el ejercicio de sus cargos defendiéndose, como pueden, de los señalamientos formulados contra ellos por el órgano encargado de la persecución penal; ni a otros, otrora soberbios y bien pagados, escondidos hoy en otros países para evitar ser enjuiciados.

Y esto es consecuencia no de luchas armadas sino del despertar de la conciencia cívica, por una parte, que durante muchos años fue silenciada a balazos, detenciones ilegales, torturas y crímenes incontables, y de una fuerte presión moral internacional contra el fenómeno de la delincuencia existente dentro de nuestras fronteras, por la otra.

Se trata, en verdad, de una vigorosa acción social contra la impunidad. Una especie de revolución copernicana alzada sobre el pedestal de la verdad dirigida a cambiar el ambiente cultural de Guatemala, uno de cuyos primeros aciertos ha sido establecer, más allá de cualquier duda razonable, que la población guatemalteca ha estado administrada, gobernada, controlada y engañada por grandes zares de la delincuencia, salvo en algunos muy cortos períodos. Y se ha llegado a explicar (como lo hizo Copérnico) que no es el Sol el que gira en torno a la Tierra sino al revés: la Tierra gira alrededor del Sol. En otras palabras, no siempre son los gobernados los grandes delincuentes sino funcionarios y empleados públicos que violan sus obligaciones institucionales, y es contra de eso que surge un movimiento crítico que revela a Guatemala como una pequeña y paupérrima nación atrapada en la desesperanza y condenada al sufrimiento.

Una nación donde algunos funcionarios se levantan y se acuestan echando repetitivas bendiciones como si fuesen dioses, pero que en sus sueños danzan alegremente con la malversación, el peculado, el tráfico de influencias, la asociación ilícita, el narcotráfico, el cohecho, y otras formas de violar normas penales redactadas especialmente para ellos.