Urge derogar

Francisca Gómez Grijalva

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Ante esta decisión autoritaria del gobierno de Otto Pérez Molina, las autoridades comunitarias  tienen mucha razón cuando plantean que  la violencia estructural no es el camino para resolver los problemas sociales y económicos que afecta sobremanera a las poblaciones históricamente discriminadas en Guatemala.

Las mujeres maya kaqchikel en conferencia de prensa y en la reciente manifestación que realizaron en la ciudad capital manifestaron que ya están cansadas de tantos abusos de poder por parte de los soldados y policías. Las mujeres, ancianas y ancianos señalan que viven con miedo e inseguridad. Ellas han denunciado públicamente que son víctimas de acoso sexual y psicológico por parte de los policías y soldados.

Esa es la razón que les impide salir de sus casas y realizar sus actividades cotidianas. Han expresado que se han visto limitadas a realizar sus actividades productivas como el cultivo de rosas y hortalizas, situación que ha representado pérdidas en su economía familiar y comunitaria.

A pesar de los daños psicológicos, emocionales y psicosociales que ha causado en sus vidas el repudiable estado de Prevención decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina desde el 21 de septiembre, ellas no han claudicado en su resistencia pacífica. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y ancianas resisten y reivindican sus derechos individuales y colectivos frente a la invasión militar, policial y empresarial en su territorio. Ellas han manifestado que el Gobierno y Cementos Progreso les robaron la paz y la tranquilidad con la que vivían antes del 2006.

Desde el 2008 a la fecha han sido asesinadas 21 personas, hay más de 126 órdenes de captura contra autoridades comunitarias, lideresas, líderes, hombres y mujeres cuyo delito es defender sus tierras, su derecho al agua y una vida digna libre de contaminación ambiental.

Las mujeres maya kaqchikel  exigen al gobierno de Otto Pérez Molina el cese del estado de Prevención y que respete su decisión de rechazo a la minería de cemento en sus comunidades. Exigen que el Gobierno las respete a ellas y a sus comunidades, que no las criminalice ni las estigmatice más. Han reiterado que ellas y sus comunidades han tenido y tienen capacidad de decidir responsable y creativamente su propio desarrollo económico y social.

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