La iniciativa para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentada el 26 de junio de los corrientes, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es un avance positivo. En cierto modo recoge nuestras demandas que desde el 25 de abril no hemos dejado de expresar en las calles, en foros-debates, en las redes sociales, entre otros. Seguiremos rechazando los altos niveles de corrupción e impunidad que anidan en las instituciones estatales. Nuestra consigna es clara, “ya no queremos más de lo mismo”.

Es cierto que demandamos reformas estructurales de fondo, pero priorizamos la reforma a las leyes ordinarias, entre ellas la LEPP, porque la crisis política reventó en pleno año electoral. En tal sentido, vale decir que el TSE tomó en cuenta parte de nuestras exigencias canalizadas a través de organizaciones de mujeres, feministas, académicas, pueblo maya, organizaciones estudiantiles y juveniles, así como la diversidad de expresiones organizativas aglutinadas en la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep) y la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE).

Aplaudo este esfuerzo porque busca erradicar de raíz la corrupción, el abuso de poder, la hegemonía y las prácticas clientelares, principales males endémicos que se enraizaron fuertemente en los partidos políticos. Por razones de espacio me referiré a algunas propuestas de reformas que me parecen medulares. Para romper con la hegemonía esta iniciativa apuesta por la democratización de los partidos políticos a través de la paridad y alternancia de la participación de mujeres y hombres mayas, garífunas, xinkas y ladino/mestizas/os en la nominación de candidaturas para todos los cargos de elección popular.

Sancionar el transfuguismo y limitar la reelección a un período son medidas atinadas, de esa forma los partidos políticos tendrán que cumplir con su obligación de fomentar el cambio periódico, el surgimiento de nuevos liderazgos y el relevo generacional.

Otro aspecto fundamental de la iniciativa es la validez jurídica del voto nulo. Si los votos nulos aventajan a todos los votos emitidos a favor de determinados candidatos, se anulan las elecciones y se repetirán, para ello los partidos políticos nominarán nuevas candidaturas.

Sin embargo, aunque el Congreso apruebe la iniciativa sin mayores dilaciones, si la nueva ley entra en vigencia hasta el 2019, el camino para las transformaciones sociales y políticas que tanto anhelamos está lleno de obstáculos. Esperar cuatro años es prolongar los vicios de un sistema electoral antidemocrático, caduco y secuestrado por poderes fácticos: narcotráfico y crimen organizado…

En esas condiciones difícilmente se podrá empezar a desmantelar el tráfico de influencias, el nepotismo, las prácticas clientelares, la corrupción y la hegemonía enquistadas en las instituciones del Estado. Eso significa darle tiempo a los poderes oscurantistas para que afinen sus estrategias de cómo reacomodarse en el poder.

Por estas razones, hoy más que nunca necesitamos unir fuerzas y hacer presión para que se apruebe esta iniciativa de ley sin ninguna modificación y que tenga validez para las elecciones que se avecinan.