La reducción de la desnutrición crónica es una causa que concita la solidaridad y la generosidad de la comunidad internacional. Esta y el acceso al agua son dos rubros de política social que han recibido importante apoyo financiero externo que viene tanto en forma de donaciones como de préstamos de bajo costo.

Por tanto, no es sorpresa que el gobierno actual quiera también aprobar un préstamo orientado a esta finalidad. Son US$100 millones que se ejecutarían bajo la sombrilla de la “Estrategia de la Reducción de la Desnutrición Crónica”. Financiaría la construcción de infraestructura de servicios de salud del nivel primario y su equipamiento, así como la rehabilitación y construcciones menores en materia de agua y saneamiento a nivel comunitario —81 millones—. Un segundo componente sería para promover el cambio de comportamiento en las poblaciones con altos índices de desnutrición crónica, incluyendo el uso de transferencias monetarias condicionadas —14 millones—. El tercero —4 millones—, es para el sistema de monitoreo y evaluación y la gerencia del proyecto. Quien presidirá este esfuerzo es el comisionado para la Reducción de la Desnutrición Crónica y se plantea que el Mides y el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), como la unidad de gestión del préstamo.

Si bien la iniciativa es interesante, preocupan varios aspectos que ojalá todavía puedan ser revisados, tanto por parte del Gobierno como del Banco que lo financiará, en caso el Congreso lo apruebe.

En primer lugar, no se vale que tengamos que acudir a préstamos para financiar la infraestructura social, cuando anualmente se destinan cerca de US$2,000 millones del presupuesto a “inversión pública”. ¿Por qué no plantearon financiar la infraestructura de esta fuente? Segundo, preocupa que se vuelve a cargar al Ministerio de Salud Pública y sobre las propias personas la responsabilidad de la reducción de la desnutrición crónica, ignorando una vez más los factores económicos y políticos subyacentes a este fenómeno, que son los que determinan por qué no logramos reducir los altos índices persistentes. Pareciera ser que no aprendimos nada del fracaso de Hambre Cero o, más bien, que se interpretó el fracaso de manera muy simplista y reduccionista a la hora de diseñar el préstamo.

Tercero, preocupa sobremanera que sea un comisionado quien presida la junta directiva de este préstamo. Independientemente de sus buenas intenciones y compromiso, la figura del comisionado no existe en la administración pública guatemalteca. Por tanto, no debería tener incidencia en las decisiones que se toman sobre la ejecución de un préstamo, mucho menos presidir sobre ministros y secretarios de Estado que sí tienen cuentadancia y responsabilidad sobre el uso de recursos. Más preocupante aún es que se asigne al Mides y al Fodes la responsabilidad de ejecutar este préstamo, a sabiendas de sus precarias capacidades institucionales y de ejecución, así como de los serios problemas de opacidad y falta de transparencia que arrastran.

Pedir un préstamo es una responsabilidad enorme, especialmente en un país que tiene una capacidad fiscal tan limitada y que se resiste a incrementarla. No deberíamos hacerlo tan a la brava. Si vamos a endeudar todavía más a nuestros hijos y nietos, que sea por algo que valga la pena, y que además sea en condiciones que nos aseguren el éxito del emprendimiento. Asuntos que, en este momento, no veo todavía suficientemente reflejadas en el diseño de este préstamo.

Lo que sí veo ya, es una jauría de diputados salivando por los múltiples negocios que se anticipan que emergerán con esta operación.

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