Las acciones regresivas del #PactoDeCorruptos parecen no tener fin. A pesar de que la Constitución establece la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y obliga la asignación de no menos del 5% del presupuesto anual del Estado para la universidad, el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas del Congreso reduce su presupuesto para el 2019 en 259 millones de quetzales. No solo su presupuesto ya era insuficiente para enfrentar el incremento de la población estudiantil y mejorar la calidad de la educación, sino que ahora, encima, sufre este inaceptable recorte.

Por si fuera poco, el Congreso reduce también las asignaciones para las instituciones del sector justicia, en un claro golpe para debilitar la lucha contra la corrupción y la impunidad. En contraste, incrementa el presupuesto para el Ministerio de la Defensa —Q331 millones más—. Prácticamente el dinero que le están quitando a la Usac se lo estarán otorgando a un ministerio que ha vivido tremendos escándalos de corrupción, opacidad, altos mandos vinculados con actividades ilícitas y que ha mostrado sin recato que respalda el accionar impropio de sus elementos y del PactoDeCorruptos, traicionando así todo el esfuerzo democratizador que hace tres décadas se impulsara desde su seno. Igualmente, le asigna más recursos al Mides —Q260 millones más—, una entidad de las que peor desempeño financiero han tenido. Sus autoridades se han encargado de minar la poca credibilidad que tuvo este ministerio al surgir, y que han terminado por desvirtuar el significado y valor que debe tener la política social en el desarrollo del país. En año electoral, este Mides solamente servirá como caja chica para la corrupción y el clientelismo electoral que busca consolidar al PactoDeCorruptos como una dictadura electa: la dictadura de la corrupción.

La asfixia financiera es el método para doblegar a las instituciones que mantienen viva la posibilidad de que en Guatemala algún día podamos vivir de una manera más digna. Quitarle el futuro a la poca parte de la juventud que aspiraba a la educación superior es una atrocidad que el país pagará por varias generaciones. Están condenando a más jóvenes a que emigren o ingresen a la economía del delito como únicas alternativas que les van quedando para salir adelante en la vida.

Además de formar a las nuevas generaciones de profesionales, la Usac cubre invaluables funciones de extensión universitaria que no se podrían pagar con el presupuesto ordinario que asignan a los distintos ministerios y otras entidades donde se desempeñan los estudiantes mientras se forman y durante su año de servicio social. Si se cierran los programas de externado e internado en los hospitales públicos, simplemente termina de colapsar el sistema. Ya la Usac ha demostrado que sus programas de extensión universitaria en diversas disciplinas devuelven al país millones de quetzales en servicios que prestan a diario a la sociedad. Por cada quetzal invertido en la Usac, se devuelve el equivalente a tres quetzales en servicios. Además, con un sentido mayor de equidad, pues los estudiantes en ejercicio profesional supervisado (EPS) trabajan en municipios y comunidades lejanas, prestando servicios en lugares donde todavía es raro ver que llegue un profesional.

La Usac no requiere menos recursos sino más. Así también, necesita forjar a la par y de manera acelerada, una cultura de transparencia y probidad que ha perdido con los años, producto precisamente del manejo que han hecho arribistas con título, pero sin escrúpulos, que han ejercido la conducción de la institución y la han usado para sus intereses políticos particulares.

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