Será muy difícil llegar a precisar el inmenso daño que le provocó a Guatemala el haber tenido un gobierno como el actual. Inepto, irresponsable y abiertamente complaciente con la trágica corrupción que tanto estrago causó en la patria. El surgimiento y posterior elección de Morales como presidente debe considerarse como una sofisticada trampa que logró engañar a cientos de miles de guatemaltecos, quizá bien intencionados pero desconocedores plenos de como opera la partidocracia corrupta en el país. En principio, teniendo Guatemala tantos y tan profundos problemas estructurales como por ejemplo, la pobreza, la corrupción, la ineptitud institucional, la delincuencia común y organizada, así como el indetenible e irreversible daño a los recursos naturales, se hacía necesaria la asunción de un verdadero estadista, apuntalado por un gabinete de profesionales de primer orden. Pero ocurrió todo lo contrario, el mando del país, inexplicablemente se delegó en un cómico inexperto rodeado de personajes cuyo principal propósito se basó en el saqueo de los recursos públicos.

Más claro no puede explicarse. La reacción del gobierno de Morales para combatir la lacerante corrupción que durante años le arrebató al pueblo su derecho a una vida mejor fue siempre la misma. Debuta declarando no grato al comisionado Iván Velásquez. Integra un “equipo diplomático” al cual le asigna la tarea de erosionar el mandato de la Cicig. Releva a la dirección del Ministerio de Gobernación. Jamás asiste a eventos de envergadura promovidos por el Ministerio Público, la Cicig o la cooperación internacional, todos vinculados con el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Morales tampoco ocultó su rechazo en materia de derechos humanos, sus acusaciones en contra del procurador Jordán fueron directas y constantes. Ciertamente todo ello, no solo como producto de su propia y endeble percepción de la realidad, los hechos se sustentan en apoyos cercanos de grupos y personas que están comprometidas con ese viejo régimen que se niega a desaparecer.

Su última acción viabilizada por la señora Jovel, en cuyo caso se solicita a Suecia y Venezuela el retiro de sus embajadores, no solo es “altamente desafortunada” como lo expresó la cancillería sueca, sino absurda e incluso, ridícula. Manifiesta el total y absoluto desconocimiento en lo referente a la materia diplomática, revela, además, la prepotencia de un accionar tosco, brusco e irresponsable. Lo serio del caso es que ese accionar afecta e impacta directamente a nuestro país, no solo a su escuálida y desafortunada administración. Y es aquí en donde debe apelarse a nuestra responsabilidad social. Porque la existencia de un gobierno torpe e inepto, no hace de nosotros un pueblo víctima, si lo aceptamos y lo permitimos, nos convertimos en un pueblo cómplice.

Dos largos años y medio de desgobierno, desfachatez y corrupción es demasiado tiempo para un pueblo pobre que lucha desesperadamente por sobrevivir. Los efectos o resultados de lo anterior son evidentes, una economía nacional en quiebra, una infraestructura propia de un país de posguerra, una pobreza implacable que engulle a miles de compatriotas todos los días, un país que ante el mundo, se perfila ya como inviable al borde de convertirse en un estado fallido. ¿A quién corresponde arrebatar la dirección del Estado? A todos aquellos que sí tenemos vergüenza, una moral a toda prueba, un compromiso demostrado en favor de la patria. Y somos muchos. El cambio de ruta no puede esperar ni un minuto más.

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