Ningún acto de vandalismo puede ser justificado ni mucho menos tolerado cuando para hacer valer una voz se decide destruir propiedad pública, afectar la actividad normal de terceros o poner en riesgo vidas humanas, como ocurrió ayer en el Paseo de la Sexta, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre vendedores ambulantes y la Policía Municipal.

Ocurrieron escenas lamentables, como las que muestran a supuestos vendedores encapuchados, con piedras y palos, destruyendo bienes públicos que encontraban a su paso, incluyendo infraestructura y arte urbano. Gracias a que muchos comercios cerraron sus puertas como medida preventiva, no se reportó ningún ataque contra negocios.

El enfrentamiento con guardias ediles se prolongó por varias horas y aún tuvo algunas escenas reprobables frente a la sede de la Municipalidad de Guatemala, a donde se dirigieron los comerciantes enardecidos para mostrar su ira contra las autoridades ediles que no les permiten vender en la principal arteria de la capital.

El problema es añejo y los incidentes de ayer son apenas los últimos de un largo historial de enfrentamientos entre vendedores y autoridades, pero lo más lamentable es que difícilmente terminará ese tipo de disputas, porque puede más la necesidad de ganarse la vida que cualquier otro argumento. Por ello es que quienes participan en esos disturbios desafían el peligro y se enfrentan a las autoridades.

En la capital se han concentrado muchos de los males que aquejan al país, empezando por la pobreza lacerante y falta de empleo, que han provocado no solo la macrocefalia capitalina, sino una búsqueda de oportunidades, porque el comercio callejero es la última opción que tienen miles de guatemaltecos para ganarse la vida.

Los incidentes registrados ayer son lamentables, pero también son una voz de alarma sobre los problemas sociales profundos que no se podrán resolver si no se transforma esa realidad y se buscan modelos de desarrollo incluyente.

Las autoridades ediles llevan décadas dirigiendo el municipio y muy poco han hecho para ofrecer nuevas opciones a quienes residen en el municipio central, salvo invertir millonarios recursos en el ornato y reforzar a una policía municipal antimotines que no tiene ningún sentido, como se pudo ver ayer.

En otros países hay modelos de comercio informal que se pueden implementar en algunas áreas durante épocas determinadas, para darle respuesta a las necesidades concretas de pobladores que tampoco se ven representados por ninguna autoridad.

Es necesario que las autoridades se humanicen y sean sensibles a las penurias de la población. El propio alcalde capitalino da muy mal ejemplo cuando en la inauguración de un evento criticó una ley que le molesta y dijo simplemente que no la obedecería.

Por su proverbial incapacidad, no entiende que esa es la lógica que emplean los vendedores que se esfuerza en reprimir, lo cual por supuesto no hace menos dañinos los bochinches, pero disminuye la autoridad moral a quien los manda a expulsar.