La tragedia en El Cambray II, Santa Catarina Pinula, desnuda la gravedad de los problemas políticos, sociales, económicos y ambientales que aquejan a Guatemala. El drama humano pone de manifiesto que el Estado de Guatemala ha sido y es incapaz de proteger la vida de las personas y comunidades al no garantizarles el derecho humano a acceder a viviendas dignas, en terrenos seguros y libres de riesgos ambientales que pongan en peligro sus vidas.

Lo ocurrido en el Cambray II es una alerta para el Estado guatemalteco, pues aproximadamente 500 mil personas viven en 490 asentamientos humanos situados en áreas de alto riesgo, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Imaginemos lo que puede pasar en caso de una catástrofe de otras dimensiones como un terremoto.

Es de reconocer la solidaridad humanitaria de guatemaltecas, guatemaltecos y de la comunidad internacional. Sin embargo, cómo ayudar a las y los sobrevivientes que en un abrir y cerrar de ojos perdieron a sus seres queridos, su vivienda y su entorno social-comunitario. ¿Brindarán las autoridades, acompañamiento psicológico y psicosocial? ¿Qué soluciones viables plantea el Estado guatemalteco para que accedan a viviendas dignas? No basta con emitir un acuerdo gubernativo y declarar duelo nacional durante tres días.

Por su parte, si desde el 2008 la Conred ya había hecho estudios y advertido sobre los riesgos que corrían las personas que habitaban El Cambray II, ¿por qué las autoridades no plantearon soluciones oportunas para evitar esta tragedia?

En algunas catástrofes anteriores se han hecho propuestas de reubicación, que lejos de solucionar los problemas los complican porque son lugares distantes, sin servicios básicos y en un contexto que rompe la dinámica de vida cotidiana (es decir, empezar de cero). Propuestas de este tipo, en vez de ser soluciones, sirven de tapadera para dejar a la gente a su suerte.

Peor aún cuando funcionarios, como el vocero edil de Santa Catarina Pinula, Manuel Pocasangre, aseveran que lo que ocurrió es un desastre natural, no se puede prever porque es como un terremoto o como un volcán haciendo erupción. El deslave tiene que ver con saturación de suelos (sic).

Cuando nada de esto es verdad, países como Chile, Argentina, Cuba y Japón han tenido respuestas eficaces ante este tipo de emergencias, porque estos desastres también tienen una parte social y por eso pueden ser prevenidos con políticas de ordenamiento territorial.

En consecuencia, el Estado guatemalteco es responsable del crecimiento desbocado de la población en el área metropolitana, a causa de la migración del campo a la ciudad, entre otras razones, por el conflicto armado interno, la falta de oportunidades educativas y laborales en los departamentos, y el histórico problema de la distribución desigual de las riquezas del país.

Si el Estado guatemalteco continúa desentendiéndose de la necesidad de diseñar e implementar políticas sociales y económicas para la prevención y la reducción de desastres naturales, difícilmente se podrá prevenir con eficacia la pérdida de vidas humanas, financieras y económicas causadas por deslaves, inundaciones, terremotos, entre otros.